Antonio Casado.- Cuando la memoria ofende

MADRID 24 Abr. (OTR/PRESS) -

Hace falta tener la mente muy averiada para sostener que la llamada ley de Memoria Histórica -de momento, un borrador concertado por el PSOE con IU- resucita los enfrentamientos entre españoles, hurga en las heridas de la guerra civil y entierra la transición. Más benevolente es atribuirlo a una escandalosa falta de confianza en la sensatez de los españoles, que no están por reavivar odios antiguos, y en su capacidad para afrontar en paz, sin aspavientos, con naturalidad, ciertos asuntos pendientes de la guerra civil.

El abajo firmante se siente inclinado a formular la menos piadosa de las imputaciones contra quienes, por razones políticas o personales, se oponen al espíritu y la letra del proyecto. Son ellos quienes, con esa postura, quieren resucitar enfrentamientos, hurgar en las heridas y alimentar el rencor. No cabe otra explicación respecto a una ley que no hace daño a nadie porque de ninguna manera se trata de reprobar a los que ofendieron sino de arropar a los ofendidos.

Una prueba de que la iniciativa es más bien prudente, justa y moderada, la tenemos en la doble enemiga declarada al proyecto, en base a distintas razones, claro, por el PP y ERC. Mientras que para los republicanos catalanes se debería reprobar de forma contundente y explícita a los que ofendieron (golpe de Estado contra la legalidad democrática de la Segunda República), el PP se niega a evocar la existencia misma de ofensores y ofendidos, buenos y malos, probablemente por no tener clara su ubicación en uno de los dos bandos, aunque se la teme, y no desea, lógicamente, que se lo recuerden.

En definitiva, que ERC, que estuvo en el origen de este proyecto, junto a Izquierda Unida, cree que peca por defecto, mientras que el PP cree que peca por exceso. La verdad es que la letra, el espíritu y las previsiones concretas de la ley -cuando se promulgue-, son muy razonables y no desbordan el sentido común. Se pueden resumir sus aspectos principales. A saber: se declaran "ilegítimos" -nada que ver con la anulación- los tribunales constituidos o las sentencias emitidas por razones políticas o ideológicas durante la guerra civil y el posterior periodo de dictadura. Y además se diseña un marco legal para las solicitudes de "reparación moral" o de ayuda económica, básicamente en pensiones, asistencia y subvenciones de la Administración en la recuperación de restos.

Poco más: tal vez la nacionalidad española para los pocos brigadistas internacionales que queden vivos y una regulación de uso para el Valle de los Caídos ¿A quién pueden molestar todas estas cosas?

Antonio Casado.