MADRID 12 Feb. (OTR/PRESS) -
La derecha furiosa (lo que hay a la derecha de Mariano Rajoy, para entendernos), está supermotivada ante los movimientos de la rediviva Batasuna con otros collares. Un buen asunto para reconocerse como guardianes de la dignidad y, si hace falta, del Estado de Derecho. La ley y la dignidad de la Nación están en peligro, españoles, acudid a salvarlas, según el relato de nuestro Tea Party de cercanías.
Es un lugar común de los analistas constatar el interés de Mariano Rajoy por mantener ese estatus quo interno que sirve para acreditar la centralidad del discurso desplegado por la dirección oficial del PP. Evidente.
La prueba la tuvimos no hace muchos días, cuando Mayor Oreja y Esperanza Aguirre, cabezas visibles del sector pepero que no lleva en el devocionario la estampa de Rajoy, se quedaron solos con el nefasto Alcaraz gritando en las calles de Madrid contra el Gobierno traidor y denunciando una imaginada sintonía de Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA.
Rajoy se desmarca de ellos pero no los desautoriza expresamente, por el motivo apuntado: mientras tenga un flanco político y mediático tan ruidoso a su derecha se refuerza su imagen centrista y, de todos modos, es absolutamente seguro que esos votos no van a fugarse de ninguna de las maneras.
Sin embargo, ser condescendiente con declaraciones tan brutales como las de Jaime Mayor Oreja, por ejemplo, tiene efectos muy tóxicos en una opinión pública que, por encima de todo, reclama y exige la unidad antiterrorista PSOE-PP pero, al mismo tiempo, guarda un buen recuerdo del paso por el Ministerio del Interior del ahora eurodiputado del PP.
La no desautorización de Mayor Oreja y la agresiva operación de acoso al vicepresidente Rubalcaba por el llamado caso Faisán tienden a devaluar ante la opinión pública la saludable sintonía del Gobierno y el principal partido de la oposición en el común objetivo de acabar con ETA y parar los pies a sus amigos políticos en el intento de blanquear su sangriento pasado.
Ninguna fisura importante en ese sentido, a pesar de las apariencias en contra que la derecha furiosa se encarga de exagerar. Los dirigentes del PP, tanto a escala nacional como a escala vasca, tienen información puntual sobre la firme intención del Gobierno de ilustrar al Tribunal Supremo, a través de la Fiscalía General del Estado, con todos los elementos de juicio para que los magistrados, dentro de veinte días como mucho, puedan formar criterio a la hora de decidir si se admite o se deniega la legalización de Sortu, heredera de la ilegal y disuelta Batasuna.
El Gobierno y el PP comparten información y motivos para apostar a que la nueva Batasuna no participará en las elecciones del 22 de mayo. Pero, lo que es más importante, comparten la voluntad política de hacer lo que esté en su mano para impedirlo. Diga lo que diga la extrema derecha del PP.