Antonio Casado.- Efecto Bankia

MADRID 16 Feb. (OTR/PRESS) -

El Banco de España no hizo sus deberes en los sucesivos procesos de fusión (Cajamadrid y seis cajas más) y salida a bolsa de la nueva entidad en 2011. Ya era una verdad periodística. Seis años después, la Audiencia Nacional la convierte en verdad judicial. O, como mínimo, pone bajo sospecha la diligencia supervisora del Banco.

De ese modo, la sala de lo penal enmienda la plana al juez Andréu y a la Fiscalía al detectar "bastantes, múltiples y concurrentes" indicios de criminalidad, a la vista de datos oficiales y extraoficiales recibidos en el órgano supervisor del sistema financiero, dirigido entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Datos suministrados por sus propios inspectores, que desaconsejaban la operación por la mala situación patrimonial de Bankia.

Al prosperar el recurso de la acusación particular (CIC), se revoca el archivo de la causa (noviembre 2016), en línea con la posición del fiscal, y se decide investigar a las cúpulas del BE y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en su día dieron luz verde a las fusiones y a la posterior salida a bolsa de la entidad presidida entonces por el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, con otras cuentas pendientes con la Justicia.

Se reprocha que la AN valore ciertos correos electrónicos por no ser documentos oficiales. Pero forman criterio. Y no es cierto que el engaño a cientos de miles de inversores solo se acredite en esos mails que desaconsejaban la salida a bolsa y denunciaban el desastroso estado patrimonial y contable de la entidad.

Aunque a balón pasado (diciembre de 2014) dos peritos del BE designados a petición del juez Andréu, emitieron un informe que cuestiona la validez de las cuentas presentadas y la limpieza del proceso. Se denuncia que Bankia salió a bolsa con cuentas maquilladas. Y se explica como inversores institucionales, grupos financieros y empresas ligadas a Bankia participaron en la compra de acciones para lograr un efecto llamada, pero se retiraron inmediatamente, dejando a los pies de los caballos a más de 300.000 pequeños inversores.

Sería lamentable que ese atropello quedase judicialmente impune.