Publicado 22/12/2022 08:00

Antonio Casado.- Instituciones en el charco

MADRID, 22 Dic. (OTR/PRESS) -

La política nacional está encharcada. Crisis de Estado, dicho en lenguaje académico, para expresar el choque institucional entre los tres poderes del Estado: el Gobierno de Sánchez, el Parlamento de mayoría favorable a Sánchez y un Poder Judicial de caducada mayoría conservadora que Sánchez trata de voltear sin reparar demasiado en los procedimientos y en los costes: deterioro de las instituciones, desprestigio de la clase política y descuido de los intereses generales.

Como los polvos que acaban en lodos, esta crisis institucional también tiene sus edades. O su historial. El origen es el obstruccionismo del PP en la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que es tarea pendiente desde hace cuatro años. La parte sobrevenida de la crisis la puso un Gobierno condicionado por sus costaleros, todos ellos objetores de un Estado cuyo deterioro les haría felices.

A partir de ahí tanto el PSOE como el PP, el que gobierna y el que puede gobernar, el pilar derecho y el pilar izquierdo del sistema, son responsables del pecado principal: la malversación del espíritu de una Carta Magna pensada para favorecer el consenso y evitar el enfrentamiento. Las dos fuerzas centrales, la que lidera Sánchez y la que lidera Feijóo, prefieren la confrontación por entender que les resulta más rentable.

Ese es el perímetro fangoso en el que se encuentra confinada la política nacional tras la resolución del Tribunal Constitucional que ha venido a tumbar parcialmente los planes de Sánchez. Consisten básicamente en modificar la legislación vigente para adaptarla a su agenda política y legislativa, aunque el discurso de la Moncloa trata de convencernos de que solo quiere librar a la democracia de ser atropellada por supuesto complot político mediático y judicial.

El minuto y resultado de la crisis nos remite a la pretensión del Gobierno de insistir en las reformas legales frenadas por el TC por razones de procedimiento y no por impugnar la inalienable potestad legislativa de las Cortes Generales. Al replantear el Gobierno la normativa interna del Poder Judicial y del TC de nuevo como proposición de ley de urgente tramitación se cumple con una parte de lo decidido por el TC (que esas enmiendas salieran de un contexto legislativo no congruente con la reforma del Código Penal), pero no con la otra, la que se refiere al derecho de todos los diputados a intervenir en la elaboración de la nueva norma.

Ahora quedamos a la espera de conocer el auto del TC que detalle los pormenores de la resolución dictada hace unos días paralizando la tramitación de las controvertidas enmiendas 61 y 62 (procedimientos de elección en el seno del CGPJ y del TC, así como la capacidad habilitante del TC de los nuevos magistrados).

Y ahí estamos.

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