Antonio Casado.- Paso atrás en el CGPJ.

MADRID 26 May. (OTR/PRESS) -

Cinco horas de catarsis a puerta cerrada no sirvieron para nada, más allá de constatar el triunfo de los intereses corporativos que alientan el funcionamiento del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) sobre el interés común. En eso queda la denuncia de uno de sus vocales, José Manuel Gómez Benítez, que llevó a la Fiscalía al presidente, Carlos Dívar, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Denuncia debidamente documentada con facturas respecto a gastos privados de Dívar pagados con dinero público. Veinte viajes de fin de semana a Marbella con gastos de hotel y cenas en restaurantes de lujo para dos personas.

Los veintiún vocales del CGPJ se reunieron en un pleno informal, sin móviles, sin Internet, para debatir sobre el escándalo y cómo afrontarlo. Pero el resultado fue un lamentable paso atrás de los principios exigibles a los servidores públicos: ejemplaridad, austeridad y transparencia. Dívar no se disculpó ni explicó esos gastos. Y los vocales fueron incapaces de consensuar un texto en el que, después de lamentar el "profundo quebranto" sufrido por el Poder Judicial ante la repercusión mediáticas y social del caso, se proponía la elaboración de un Plan de Transparencia destinado a evitar la repetición de este tipo de hechos. Sin embargo hubo alineamientos claros a la hora de los reproches personales. Cinco vocales considerados "progresistas" pidieron la dimisión del presidente del CGPJ por mal uso del dinero público y siete vocales de mayoría conservadora pidieron la dimisión de Gómez Benítez por haber levantado la liebre.

Como se sabe, el citado vocal denunció a Dívar el pasado 8 de mayo por presunto delito de malversación pero la Fiscalía decretó el archivo de diligencias. Al quedar técnicamente exculpado de responsabilidad penal, otros vocales la emprendieron contra Gómez Benítez. Primero, por haber quedado desautorizado por la Fiscalía. Y segundo, por haberse atrevido a formular la denuncia unilateralmente, sin hablarlo con sus compañeros que ahora le acusan de deslealtad. Esa fue la deriva del caso de puertas adentro.

Como se ve, demasiado espacio para acusar a Gómez Benítez de actuar de mala fe y de pasearse por los medios a sabiendas de que el tipo penal no encajaba y demasiado silencio respecto a las consideraciones políticas, éticas y estéticas. Los vocales del CGPJ no perdonan al mensajero su reacción: "La Fiscalía ha perdido la oportunidad de demostrar que todos somos iguales ante la ley", dijo al conocer el decreto de archivo de diligencias.

El cierre de filas y la ira contra el mensajero han podido más que el bochorno de obligarse a reprobar una conducta del jefe que no fue austera ni transparente. Puede que no haya delito, pero eso no puede abolir el juicio de los ciudadanos ante las malas prácticas de este servidor público.