MADRID 14 Abr. (OTR/PRESS) -
La tentación de utilizar políticamente los crímenes cometidos por los terroristas ha sido una constante en España. La prudencia y el sentido común, sin embargo, se imponían siempre en los momentos de extrema tensión y rabia, con el cuerpo aún caliente de la víctima, y alguien intentaba señalar al adversario, ya fuera gobierno u oposición, para responsabilizarle de la infamia. El consenso general subrayaba que no había más culpables ,directos e indirectos de los atentados, que sus autores y que la responsabilidad ,primera y última, de un asesinato empezaba y concluía en el sujeto criminal que lo perpetraba.
Si las familias de las mas de 1.000 victimas mortales causadas por el terrorismo de ETA y GRAPO en los últimos 40 años, jaleadas por un interés partidista, hubieran llevado a los tribunales al Estado y a los sucesivos gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar por no haberlas evitado, las consecuencias habrían sido lamentables para la convivencia democrática. Con el 11-M empieza a advertirse, por el contrario, una inquietante y decidida actitud de cambiar las reglas del juego y apuntar por encima de quienes pusieron las bombas en los trenes y acabaron con la vida de 192 personas. Algún letrado ha preparado ya una reclamación de responsabilidad civil directa del Estado, por su falta de vigilancia o culpa "in vigilando", al haber sido negligente , de diversas formas, en su función de protección de la ciudadanía y no haber impedido la matanza terrorista. Nada que objetar desde un punto de vista legal y será, en ultima instancia, la justicia quien determine la motivación de esa responsabilidad.
Subyace, sin embargo, tras la demanda legal una intencionalidad política que el mismo abogado encargado de presentarla ha revelado al advertir que si consigue su propósito debería actuarse también penal y políticamente contra Aznar y Acebes. De nuevo se intenta criminalizar al anterior presidente de Gobierno, no ya por la guerra de Irak, sino también por la matanza de los trenes del 11-M. La evidente sinergia entre la ofensiva legal de uno de los abogados de las victimas y la campaña socialista insistiendo otra vez en las supuestas mentiras del PP, algo que los populares pagaron en las urnas del 14-M, y que quedó superado por las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación , abre una dinámica peligrosa que puede volverse contra el actual Ejecutivo.
Las familias de las victimas ecuatorianas de la T4 y todos los españoles que financiamos la obra de Barajas pulverizada por el bombazo de ETA ,tenemos poderosos y fundados argumentos para exigir responsabilidades y pedir también entonces la condena del Estado y de un presidente de Gobierno que un día antes del atentado, no sólo no había previsto el golpe sino que nos había sugerido que el terrorismo era ya cosa de otros tiempos. Asimismo podemos preguntarnos cuánto de verdad y mentira ha habido en un "proceso de paz" caracterizado por todo lo contrario de lo que Zapatero y Pérez Rubalcaba se esforzaron en transmitir para justificarlo en el Congreso, cuando los hechos demuestran que nunca hubo una ausencia de violencia. La mentira tiene las patas cortas ¿verdad?.
Antonio Jiménez.