Antonio Jiménez.- Juez y parte

MADRID 30 Ene. (OTR/PRESS) -

Póngase en la hipótesis de que el problema de lindes que usted tiene con su vecino está en los tribunales y el juez encargado de sustanciarlo y resolverlo mantuvo con él alguna relación administrativa por la que percibió una cantidad notable de dinero a cambio de impartir unas conferencias en un curso organizado por su empresa.

Conocida esa relación entre su vecino y el juez, cabe imaginar que usted por lógica, no dudaría en recusar al magistrado para impedir que fuera él quien decidiera sobre un asunto legal que le afecta y en el que aparentemente no estaba garantizada la exigible imparcialidad objetiva del encargado de administrar justicia.

Y para eso está, precisamente, la figura de la recusación: para evitar que el juez se convierta en una parte del proceso. Recientemente, por ese motivo, cuando la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunió para decidir sobre algo tan crucial y trascendente como la excarcelación del pistolero etarra De Juana Chaos, Javier Gómez Bermúdez no participó de la decisión de que siguiera en prisión provisional y hospitalizado, se abstuvo, ya que era uno de los amenazados por De Juana en uno de sus artículos publicados en 'Gara' y por los que fue condenado.

Viene a cuento el exordio de lo que pasa en el Tribunal Constitucional con uno de sus magistrados, Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP por apreciar supuestas razones de falta de objetividad para decidir, cuando sus señorías tengan a bien hacerlo, sobre la constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña.

Pablo Pérez Tremps, cuyo nombramiento fue propuesto por el PSOE, firmó un contrato de carácter administrativo con el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, por entonces Joan Saura, por el que percibió 6.000 euros a cambio de un informe en el que magistrado debía buscar fórmulas para encajar las futuras competencias exteriores del 'Estatut' ante la Unión Europea y ante el Tribunal Constitucional. Pérez Tremps no sólo encontró esas fórmulas sino que los redactores del nuevo Estatuto de Cataluña las incorporaron casi literalmente en la redacción del articulado. Parece, visto lo cual, que hay argumentos razonables para que el recurso de los populares prospere aunque no lo vea igual la fiscalía del Alto Tribunal que por indicación del inevitable Conde Pumpido, estima que el citado magistrado no ha perdido la imparcialidad para juzgar la inconstitucionalidad del nuevo texto pese a haber asesorado y cobrado a la parte más interesada en que el Estatut no sea tocado. Si Pérez Tremps supera su recurso habrá que pensar que la Justicia en los tiempos de Zapatero y del 'tripartito' catalán terminó enterrando hasta la frase que refiere la honradez de la mujer del César, "que además de serlo, tiene que parecerlo".

Antonio Jiménez