Carlos Carnicero.- ¿Qué hacemos con el Constitucional?

Actualizado 14/09/2009 14:00:20 CET
Actualizado 14/09/2009 14:00:20 CET

Carlos Carnicero.- ¿Qué hacemos con el Constitucional?

MADRID, 14 Sep. (OTR/PRESS) -

En el fondo, lo que late detrás de la pretensión de que el Tribunal Constitucional no tiene legitimidad para modificar el estatuto de autonomía de Cataluña es el concepto de soberanía dividida entre el Estado y Cataluña. Algo que choca frontalmente con nuestro ordenamiento constitucional. La soberanía española es indivisible y radica en las Cortes Generales como representación del pueblo español.

Quienes pretenden que el estatuto catalán es un pacto entre la comunidad autónoma y España están aplicando criterios de Estado Confederal a lo que es un estado autonómico. Los nacionalistas vascos y catalanes -hasta ahora, más los vascos- siempre han pretendido que el pacto con la Corona o el pacto con España era el origen de su derecho a la autonomía y a la autodeterminación haciendo caso omiso de la legalidad del estado de derecho que radica en la Constitución de 1.978. La novedad es que ahora un dirigente socialista, José Montilla, asume las tesis nacionalistas, proclama su disposición a no reconocer una sentencia del Constitucional que modificara el estatuto de autonomía y se ofrece para liderar una respuesta.

No hay precedentes en las democracias modernas de una confrontación política desde partidos institucionales y desde órganos de gobierno del estado que cuestionen las bases que regulan la democracia. Quienes invocan irregularidades en la conducta del Tribunal Constitucional, prorrogas sin duda excesivas y tiempo dilatado en la resolución no están haciendo otra cosa que asumir posiciones de subversión el estado de derecho.

En España hay un serio problema de estabilidad institucional. Al margen de los grupos fuera del sistema -como pueden ser ETA y Batasuna- no parece razonable que partidos con fuerte implantación parlamentaria estén dispuestos a dinamitar el sostén del estado de derecho. Si se le pierde el crédito y el respeto al Tribunal Constitucional es el comienzo del fin de la seguridad jurídica y de la fiabilidad de la democracia. Zapatero y Montilla tienen un serio problema.