Carmen Tomás.- Ordinalidad u obscenidad

MADRID, 10 Ene. (OTR/PRESS)

El Gobierno ha vuelto a demostrar que su prioridad no es la cohesión territorial ni la igualdad entre españoles, sino la mera supervivencia política. El acuerdo de financiación alcanzado con ERC no responde a ningún principio de justicia fiscal, sino a una lógica de mercadeo parlamentario: siete votos a cambio de 4.700 millones de euros. Traducido, cada voto independentista cuesta alrededor de 700 millones. Un precio obsceno para seguir anclado en La Moncloa, aunque sea arrastrando los pies y la dignidad institucional. El Ejecutivo lo llama "ordinalidad", un término técnico cuidadosamente elegido para disfrazar lo que en realidad es un privilegio singular concedido a Cataluña. Un trato de favor que rompe el principio de solidaridad interterritorial y que se burla sin pudor de millones de contribuyentes que sostienen el sistema con sus impuestos o con más deuda pública.

La factura total alcanzará los 21.000 millones de euros adicionales. ¿De dónde saldrá ese dinero? Nadie lo sabe. Las explicaciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han sido vagas, contradictorias y profundamente insatisfactorias. Mucha retórica y ninguna certeza. El cómo y el cuándo siguen envueltos en una nebulosa interesada. Lo que sí ha quedado claro es la amenaza a las comunidades autónomas que se atrevan a bajar impuestos. Montero habló de "dumping fiscal", señalando directamente a la Comunidad de Madrid. Una advertencia que suena más a castigo político que a debate técnico.

Los madrileños, paradójicamente, serán penalizados recibiendo aproximadamente la mitad de los fondos que Cataluña, a pesar de ser quienes más aportan a la solidaridad del sistema. Pero, los extremeños un 182% menos y los aragoneses un 25% por debajo. Cierto que el acuerdo aún debe superar trámites y obstáculos legales, y nadie sabe con certeza si llegará a aplicarse ni en qué términos. Pero el daño ya está hecho: se ha dinamitado la confianza, se ha erosionado la igualdad y se ha puesto precio a la gobernabilidad. Un despropósito que quedará como símbolo de una legislatura sostenida a base de cheques y cesiones sin límite.