MADRID, 14 Abr. (OTR/PRESS) -
La enorme crisis que se nos ha echado encima se puede contabilizar desde muchos puntos de vista: el sanitario, el económico, el social, el moral y el judicial. Cientos de miles de querellas, demandas y recursos caerán en tromba sobre los juzgados cuando, en las próximas semanas, se reanude una cierta actividad en ellos, que permanecen ya paralizados en la práctica desde hace casi dos meses, con el consiguiente atasco, que es ya un hecho. Pero la avalancha que viene irá más lejos: tendrá el efecto de un auténtico colapso durante años en la aplicación de la Justicia, poniéndose de manifiesto todas sus actuales carencias y deficiencias de infraestructura, según están comentado no pocos expertos del sector.
Los despachos de abogados se preparan ya para lo que llega. Para lo que, de hecho, está llegando: proliferarán las demandas y querellas contra el Gobierno y sus integrantes (se prevén miles), contra hospitales e instituciones y, desde luego, estallarán los pleitos de carácter privado, amén de los que exigirán una dedicación muy especial a los juzgados de Familia por el deterioro de las relaciones de pareja en este confinamiento forzoso. De hecho, algunos despachos, en medio de una considerable división de opiniones al respecto, ya están ofreciendo sus servicios de manera gratuita a los afectados sin recursos suficientes que consideren tener razones para pleitear.
El Ministerio de Justicia, si duda alarmado ante estas perspectivas, dice tener un plan para el reinicio 'progresivo' de la actividad en los juzgados, pero todos consideran que este plan, cuyos detalles últimos se desconocen, va a resultar insuficiente: es preciso encontrar métodos de conciliación que hagan desistir de pleitos, y los propios juzgados tendrán que multiplicar su dedicación y horas de trabajo para atender a al menos una parte de lo que claramente se avecina.
Únase a esto el cúmulo de denuncias y detenciones por parte de la Policía y la Guardia Civil contra quienes han quebrantado el confinamiento, y los recursos contra presuntos excesos policiales por parte de los sancionados; igualmente, la proliferación de las denuncias contra 'fake news' y contra formas nuevas de delincuencia a través de Internet, no siempre combatidas de forma suficiente por unas fuerzas del orden claramente desbordadas en tareas quizá más urgentes. Y, desde luego, a este panorama ciertamente preocupante habría que sumarle el hecho incuestionable de que España carece de una legislación suficiente en muchos aspectos (para la propia defensa del Estado, por ejemplo) y claramente excesiva, repetitiva y desfasada en otros.
El caos en el que parece vivir el Gobierno central (y buena parte de los gobiernos autonómicos) en el lento retorno a una progresiva normalidad laboral y social, como se ha comprobado ya este mismo lunes, se verá, sin duda, empeorado por el colapso cierto que va a vivir la Justicia española en medio de una sociedad que saldrá más desestructurada de esta enorme crisis. No se olvide que el órgano de gobierno de los jueces, para colmo, lleva año y medio sobrepasado su mandato legal y tiene, por tanto, un carácter de provisionalidad que ya se va prolongando de manera claramente excesiva ante la falta de un acuerdo político para renovar el Consejo del Poder Judicial.
El correcto funcionamiento de la Justicia resulta esencial para la buena marcha de un país que se quiere democrático. Es de temer que, entre los numerosos efectos negativos de esta pandemia, los que afecten a la Justicia no sean precisamente los menos importantes. ¿Se podría ir previendo este más que probable caos? Espero con interés las explicaciones, que ahora son solo silencios, de las asociaciones judiciales y fiscales, del Consejo General de la Abogacía, de la Abogacía del Estado y, claro, del propio Ministerio de Justicia, cuyo responsable, Juan Carlos Campo, tiene estos días, quizá explicablemente, una presencia menor de la que debería.
