MADRID, 10 Sep. (OTR/PRESS) -
Una fiscal general del Estado casi en funciones inició este lunes la apertura de un año judicial con un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder judicial en funciones y habiendo sobrepasado en ocho meses su plazo de caducidad. Mientras, un Gobierno en funciones iniciaba sus últimos trámites, en la recta final, para comprobar si en un Parlamento en funciones -y que apenas funciona- se puede o no mantener la Legislatura tras investir o no a Pedro Sánchez como presidente 'efectivo' del Ejecutivo.
Es decir, los tres poderes clásicos definidos por Montesquieu en su obra 'El espíritu de las leyes', considerada un cimiento de la democracia moderna desde mediados del siglo XVIII, se encuentran actualmente en España más o menos 'en funciones', es decir, instalados en la provisionalidad. Lo mismo, por otro lado, que los órganos de control económico, comenzando por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o los servicios secretos, pendientes ambos de renovar su dirección, o los medios de comunicación públicos, con RTVE a la cabeza, etcétera.
Siento la tentación de suscribir la frase de que en España 'Montesquieu ha muerto, viva Montesquieu', pero lo dejo también en funciones, a la espera de que, en efecto, pronto vuelva a lucir en todo su vigor la doctrina básica de Louis de Secondat, que pasó a la posterioridad con el seudónimo de Montesquieu, que era su principal título nobiliario. No existe democracia plena que no respete escrupulosamente la separación de los poderes clásicos. Y aquí andan como a la deriva los tres. El Judicial -se ha llegado a sugerir que en la negociación entre PSOE y Podemos, de cara a la investidura, se les podría 'conceder' a los 'morados' un puesto en el CGPJ, entre otras ofertas para ocupar instituciones que deberían ser 'neutrales'--, el Legislativo -este miércoles podría celebrarse la última, o penúltima, sesión plenaria de control parlamentario al Gobierno si hay, como casi todo parece indicar, nuevas elecciones y disolución de las Cámaras- y el Ejecutivo, que deambula de decreto en decreto.
Si atendemos a que, paralelamente, vemos crecer otros poderes no tan clásicos, porque todo hueco tiende a ser ocupado, y que el funcionamiento de estos 'poderes secundarios', desde el económico hasta el eclesiástico o el mediático, pasando por los propios partidos, por poner algunos ejemplos, registra menos controles que los de Montesquieu, tendremos claro el diagnóstico. No es buena la salud de la democracia española, en estos tiempos en los que unos se espían (ilegalmente, claro) a los otros, en los que desde una de las principales instituciones regionales de España (me refiero a la Generalitat de Catalunya) se desafía abiertamente la legalidad y en los que la sociedad civil es casi inane.
No quisiera, desde luego, parecer excesivamente alarmista, pero la verdad es que esa conciencia de la provisionalidad que hace que la doctrina de Montesquieu vaya siendo sustituida por la de Maquiavelo está suponiendo un duro golpe para España en cuanto que Estado moderno, democrático. Especialmente, si consideramos los esfuerzos de una parte del arco parlamentario por mermar la influencia y el prestigio de la Jefatura del Estado y por recortar el concepto de unidad de la nación.
De alguna manera, hemos de salir de esta espiral perversa en la que, desde hace más de tres años y medio, estamos inmersos. Y lo peor es que ya nadie sabe si una 'investidura a la fuerza', que casi garantizaría una Legislatura corta, efímera y agitada, sería o no la solución a nuestros problemas. Claro es que tampoco sabe nadie si lo serían unas nuevas elecciones que, dicen las encuestas, probablemente prolongarían la actual situación de insuficiencia parlamentaria para gobernar. Y así seguimos: si Montesquieu levantara la cabeza*
