MADRID, (OTR/PRESS) En los desiertos de Libia se podía oír, cita Ortega en su "Historia como sistema", un proverbio de caravana que dice así: "bebe del pozo y deja tu puesto a otro". Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el ex presidente de la Generalitat debería abandonar su fuga al "desierto" belga; regresar a España; someterse a la Justicia como lo han hecho otros consejeros que compartieron con él el desafío a la ley y un número importante de presuntos graves delitos; pedir autorización al juez, que previsiblemente no se la dará; y dejar su puesto a otro. Alguien debería explicarle, si no lo sabe, que solo desde la ley se puede aspirar a gobernar. Y que quien ha violado la ley a conciencia no puede proponerse a si mismo como el guardián de la ley y el impulsor de un Estado de Derecho sin Derecho.
Desde hace tiempo estamos sufriendo un mal llamado debate sobre lo que se puede y no se puede hacer, con un desprecio absoluto a la verdad, a la ley y a la razón, poniendo en igualdad la ley y la violación de la misma. Decía también Ortega que "España padecía y padece un déficit de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos que son, ni más ni menos, los instrumentos con los que andamos entre las cosas". Lo malo de la hora actual es que no se ha perdido la destreza en el manejo de los conceptos sino que se hace de forma consciente. No sólo es que la verdad no importa, sino que está siendo sustituida intencionadamente por mentiras y por mensajes emocionales manipulados que ignoran la razón y las normas y que, además, están siendo asumidos por una parte importante de los votantes que solo escuchan aquello que quieren creer. Incluso hay una acción absolutamente premeditada de usar las palabras en un sentido diferente a su significado real para quitarles el valor que tienen y para introducir una confusión activa en los mensajes. Si perdemos o hacemos perder el sentido real de las palabras, será imposible entendernos.
Es casi seguro que el político huido seguirá utilizando movimientos tácticos que le permitan mantener su desafío al Estado y su no puesta a disposición de la Justicia, apoyado, por la misma razón, por los grupos que pretenden la independencia de España. Uno y otros saben que su pretensión es imposible y que el único camino es volver a la legalidad, negociar con el Gobierno español y cumplir y respetar la ley. Todo lo demás distrae de lo que debería ser el único objetivo legítimo: recuperar la normalidad en Cataluña, tratar de aminorar el daño causado por un procés inútil e imposible y dedicarse a solucionar los muchos problemas que tiene hoy Cataluña. Los de verdad.
Simultáneamente, el bloque constitucional, unido, debe abrir el debate sereno para reformar la Constitución con el máximo consenso posible. Y si no se puede alcanzar ese consenso, hay mecanismos para aplicar cambios que modernicen el texto legal y nos permitan tener una nación moderna dispuesta para afrontar el cambio tecnológico que se avecina imparable. El reto no es Cataluña sino el desafío de la sociedad que viene y que va a acabar con todos los conceptos de trabajo y desarrollo que manejamos hoy. Y eso es lo que debería importarles a todos.
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