Publicado 15/09/2022 08:01

Francisco Muro de Iscar.- La intimidad, un derecho irrenunciable

MADRID, 15 Sep. (OTR/PRESS) -

¿Es delito grabar un video sexual sin consentimiento de la otra persona y difundirlo viralmente a través de las redes o de otros medios sin permiso del afectado/a? ¿Y un audio? ¿Y un sumario declarado secreto?

Según el Código Penal, es un delito que puede ocasionar penas de prisión de tres meses a un año o bien una multa de seis a doce meses a todo aquel que sin autorización de la persona grabada "difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales " que puedan menoscabar la intimidad personal. Está claro lo que dice el Código Penal y está claro que la ley es papel mojado en la inmensa mayoría de los casos. Hay dos delitos: grabar sin autorización o permiso y difundirlo o contribuir a su difusión. Y hay dos consecuencias posteriores: lo que le puede suceder a la persona espiada y grabada como consecuencia de esa grabación y el beneficio que algunos sacan o pueden sacar de esa grabación. Porque al delincuente nunca le pasa nada.

El intercambio de videos sexuales entre jóvenes y no tan jóvenes se ha convertido casi en una rutina, una "ingenuidad" que, muchas veces, acaba en redes sociales y provoca daños de enorme gravedad a una de las partes, casi siempre la mujer. Los casos del periodista Pedro J. Ramírez, de la exconcejala Olvido Hormigos o del actor Santi Millán son algunos de los más conocidos, pero igual de repugnantes y de dañinos son también los de personas desconocidas que se difunden en las redes. Lo peor de todo no es el hecho en sí, sino que los violadores del derecho al honor y a la intimidad se vayan siempre o casi siempre de rositas. Y que la Justicia se llame a andanas.

Aunque son casos ligeramente diferentes, lo mismo podríamos decir de un sumario del que se ha decretado el secreto y que aparece en uno o varios medios de comunicación con todo detalle, dañando la defensa de los implicados y, en muchas ocasiones, condicionando los efectos de la sentencia, porque el daño ya ha sido realizado. Y aquí, también, los violadores de ese derecho fundamental casi siempre quedan sin sanción penal o moral, porque nadie se toma en serio la investigación y el castigo de los culpables.

¿Y qué pasa si esos videos o esos audios son los del comisario Villarejo, que los va sacando a cuentagotas y se transmiten parcial o interesadamente en momentos en los que pueden hacer un daño especial a determinados personajes de relevancia política o social? ¿Qué pasa cuando una cadena de televisión hace una serie, como sucede con HBO ahora, sobre el Rey Juan Carlos basada en grabaciones realizadas subrepticiamente no se sabe por quién -o sí- revelando intimidades personales o conversaciones de carácter político con supuestas o reales "amigas íntimas"? No pasa nada, pero hay víctimas, siempre hay víctimas.

Me parecen obscenas todas esas grabaciones y su difusión. Y obscenos y responsables sus autores. Pero me parece igual o más grave que no haya una persecución de esos delitos ni de esos delincuentes y que los afectados permanezcan en la más absoluta indefensión, vulnerada su intimidad y su libertad. De la misma manera y por las mismas razones habría que perseguir "por tierra, mar y aire" a todos los millones de usuarios y a las plataformas digitales que comparten, aplauden, amplifican y viralizan contenidos de ese tipo. Algo que debería avergonzarnos a todos.

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