Francisco Muro de Iscar.- De jueces, ficales y periodistas

MADRID 27 Nov. (OTR/PRESS) -

¿Puede el Gobierno mantener en su cargo, aunque sea temporalmente, a un fiscal general que ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo? Puede, pero no debe. ¿Debe un fiscal general mantenerse en su puesto porque se lo diga el Gobierno en lugar de recoger sus cosas y marcharse a su casa cinco minutos después de una sentencia de inhabilitación? No debe. ¿Tiene algún sentido que el Gobierno proponga a una nueva fiscal general, cuyo mandato durará varios años, sin ni siquiera consultarlo -no digo ya consensuarlo- con el principal partido de la oposición, cuando es posible que antes de la expiración del mandato, haya un nuevo Gobierno, incluso de signo diferente? Solo tiene un sentido: tratar de garantizarse la complicidad de un cargo tan relevante. Pero cuidado, estoy convencido de que la inmensa mayoría de jueces y fiscales ponen por delante su defensa de la legalidad, sus convicciones y conocimientos jurídicos. Porque cuando se pliegan a las exigencias políticas de quien los ha nombrado, dejan, de hecho, de ser juristas para jugar en otra liga.

Cualquier ciudadano tiene derecho a disentir de una sentencia, pero, a ser posible, con argumentos, no de cualquier modo y menos aún con descalificaciones. Pero si alguien debe hacerlo con el máximo respeto a las instituciones, esos son los políticos y, más aún quienes representan al Gobierno de España. Presionar a los jueces antes de un fallo, calificar una sentencia, que no han leído, de "indecente, golpe de estado, terrorismo o de guerra" y cosas aún peores, descalifica a quien la pronuncia. Más todavía si quienes lo hacen están ayudando a vaciar instituciones, como el Parlamento, y usarlas en beneficio particular, desacreditar la Justicia, desmantelar el Estado de Derecho y poner en entredicho la separación de poderes.

Pero no son solo ellos. Este caso ha puesto encima de la mesa que está en riesgo la libertad de información y que la ética profesional de los periodistas sufre un peligroso deterioro. No hablo ya de las tertulias televisivas donde a muchos les falta solo llevar el carné del partido, el que sea, en la boca para repetir los argumentarios que les han enviado. Tampoco de la declaración en el juicio al fiscal general de seis periodistas que tuvieron una información importante -los seis, que, sorprendentemente, no publicó ninguno- y que en el juicio, acogiéndose al secreto profesional -que este Gobierno está tratando de limitar con una nueva ley-, se negaron a decir quién filtró la noticia, facilitando así la condena de un "inocente". Habría mucho que hablar de esa "prueba definitiva" de la inocencia del fiscal general que dictó y reveló indebidamente los datos de un ciudadano particular y que jamás lo hubiera hecho si el tal ciudadano no fuera la pareja de una rival política del presidente Sánchez. .

Lo que me parece indignante es que un periodista, cuyos conocimientos jurídicos presupongo, se atreva a escribir, sin ni siquiera conocer el texto de la sentencia, que "cinco jueces pensaban una cosa cuando entraron en la sala (había que condenar) y dos pensaban lo contrario", que a petición de uno de los magistrados decidieron olvidarse de unas pruebas para sostener la condena y, apoyándose en un libro, que no tiene que ver con el caso, señalar que "anteponer su propio criterio al criterio legal, malversando la función judicial que les han encomendado es, lisa y llanamente "prevaricación". Y por si fuera insuficiente, reiterar que dos sectores del Tribunal Supremo sin debatir de acuerdo con sus conocimientos de Derecho "han marcado desde el primer minuto su decisión condenatoria".

Primero, no hay dos sectores: han sido cinco votos contra dos y ni conocemos lo que dice la sentencia ni lo que van a decir los votos particulares. Los siete magistrados que han juzgado al fiscal general del Estado son siete excelentes profesionales, cuyos conocimientos jurídicos, independencia e imparcialidad están acreditados. De sus sentencias han salido las condenas al PP por la Gurtel o al marido de la Infanta Cristina, el caso Noòs, el del Procès y otros. Se pueden equivocar sin duda. Pero no se puede calificar de "facha" al que unos meses antes era "progresista". No se puede alabar sin límites en los mismos medios y por los mismos periodistas, a la jueza de Catarroja porque está poniendo a la Generalitat valenciana, casualmente del PP, a los pies de los caballos y denigrar a todos los jueces que investigan acciones del Gobierno, de su presidente, de su familia o de altos cargos de su partido. Pero mucho más intolerable es decir que la decisión estaba tomada "antes de iniciarse el juicio". Muchos políticos defienden hasta la muerte a quien les da de comer. Pero el periodismo exige, debería hacerlo al menos, respetarse a sí mismo.