Actualizado 03/05/2007 02:00 CET

Isaías Lafuente.- Impugnemos

MADRID, 3 May. (OTR/PRESS) -

La Fiscalía General y la Abogacía del Estado trabajan contrarreloj en la investigación de más de mil listas y casi veinte mil candidatos que pretenden concurrir a las próximas elecciones del 27 de mayo en el País Vasco. Se trata de saber si esas candidaturas están contaminadas y son un instrumento de ETA-Batasuna para solicitar entonces la impugnación. El PP quiere que se prohíban la totalidad de las listas de Abertzale Socialistak y de Acción Nacionalista Vasca. Sobre las primeras, parece que la impugnación será universal; sobre las segundas, selectiva.

En última instancia, será el Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional los que tomen la resolución definitiva. Lo normal sería dar por buena la decisión que finalmente adopte el Estado a través de sus instancias competentes, nada sospechosas de connivencia con los asesinos, pero hace tiempo que lo normal ha desaparecido de la lucha política cuando se habla de terrorismo. Así que la tormenta está asegurada, sea cual sea la decisión.

Estamos tan ensimismados escudriñando las listas de la izquierda abertzale que se nos está pasando revisar las que presentan los grandes partidos nacionales en todo el país. La mayoría son impecables, pero no es desechable el número de las que también aparecen contaminadas, en su caso por candidatos imputados o investigados en casos de corrupción. Son decenas los cargos públicos encausados que repiten como candidatos. El paradigma es el popular Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal - un primor - que no ha tenido dificultad para encontrar el aval de su partido y acomodarse en las listas. Como Fabra, no han tenido el menor problema en repetir los alcaldes de Alicante, Torrevieja, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande o Boadilla del Monte, todos del PP; o los de Bigastro, Sueca, Chipiona, Valverde del Camino o Níjar, todos del PSOE. Son sólo algunos ejemplos, pero hay más, y no sólo en los dos grandes partidos con opciones de gobernar España.

Prevaricación, cohecho, desfalco, tráfico de influencias, delitos urbanísticos y ecológicos, acoso moral* son algunos de los presuntos delitos que encontramos en esta lista negra, cuya impugnación sería sencillísima para los partidos concernidos. Pero serán los ciudadanos los que tengan que resolver con sus votos lo que no se atreven a solucionar los partidos, los que criben a los impresentables.

Dice el PSOE que sus casos están relacionados con meros errores administrativos. Dice el PP que los imputados no son necesariamente procesados y que ellos sólo eliminan de las listas a quienes son condenados o sobre quienes pesan pruebas muy evidentes, no basta la imputación. Con esa manga ancha la Fiscalía General y la Abogacía del Estado no habrían que tenido que trabajar tanto este puente festivo.

Isaías Lafuente.

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