José Cavero.- La corrupción en el centro del debate

MADRID 20 May. (OTR/PRESS) -

En los meses pasados, probablemente en todo lo que llevamos de año, han sido muy frecuentes, continuas incluso, las informaciones periodísticas que han ido destapando los asuntos más turbios de una corrupción, la inmobiliaria, que parece que ha prendido en todas y cada una de las comunidades, las provincias y casi las localidades del país. La Marbella de Gil, Muñoz y Roca ha tenido continuadores permanentes y aprendices audaces, posiblemente tras comprobar la impunidad con que actuaban. Se han ido conociendo datos espectaculares de la riqueza acumulada por Roca o Muñoz y sus respectivas y sucesivas esposas. Pero también de los negocios que el todavía presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, ha sabido simultanear con ese importante cargo: asesoría y consultoría de siete empresas, algunas adjudicatarias de contratos públicos en su propia provincia de ejercicio de cargo público.

También ha trascendido el caso de cargos públicos del PP que adquirieron casas en un proyecto de suelo público en Ciudad Real. Está por aclarar la denuncia efectuada por Miguel Sebastián contra la alcaldía de Gallardón, que habría recalificado dos edificios a solicitud de una abogada intermediaria de Roca. Todas historias de ahora mismo, y sin necesidad de remontarnos a meses atrás, cuando salta el escándalo de Andratx y de sus altos cargos, el de Ciempozuelos, el de Ibiza, el de Alhaurín, el de Navas del Marqués, el del hijo del alcalde de Valladolid, el del asesor de urbanismo de la comunidad de Madrid, el de Lo Poyo, en Murcia, y tantos y tantos más. Con razón se ha llegado a asegurar que la gran aspiración de muchos ciudadanos, en los últimos años, era hacerse cargo de la alcaldía, o cuando menos de la concejalía de urbanismo, desde donde enriquecerse con prontitud a base de ladrillazos, recalificaciones, pelotazos y otras derivaciones del mismo género.

Lo que los ciudadanos lamentablemente no hemos terminado de ver es que la clase política haya reaccionado con la prontitud y rotundidad que cabía esperar. Es cierto que acaba de aprobarse una ley del suelo en la que el gobierno confía para empezar a poner freno a tanta golfería y desmanes. Pero hay un lógico recelo ante sus posibilidades. Se ha discutido hasta la saciedad sobre la necesidad inexcusable y apremiante de que los partidos, todos ellos, lleguen a un pacto de intervención drástico y severísimo contra esta clase de delincuencia generalizada para evitar que siga instalada en nuestra sociedad y en nuestra democracia. Pero los partidos no parecen tener el menor interés: muy al contrario, cuando se produce una denuncia periodística cada cual tapa, justifica o disculpa a los propios y sólo arremete contra los adversarios políticos. Muy a menudo aparece la financiación del partido o de otras municipales como excusa o pretexto para esa clase de golferías, en todo caso, inadmisibles y constantes. Pero nadie ha tenido el coraje de prescindir de quienes han sido hallados en falta y denunciados públicamente.

José Cavero