José Cavero.- El fallo del Estatut, al caer.

MADRID 4 Ene. (OTR/PRESS) -

Hay coincidencia entre los observadores en que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán no puede demorarse mucho más de los tres años y medio que ya lleva de deliberaciones y retrasos. La propia presidenta del TC sugirió hace unas cuentas semanas que posiblemente en los primeros días de enero se llegaría a la esperada decisión. Y no han cesado las especulaciones sobre los eventuales recortes, así como los probables repartos de votos favorables o contrarios a determinada posición. Este domingo, el diario El País vuelve sobre esta materia interminable, como también lo hace, en una encuesta, el diario La Vanguardia. Sostiene el primero de estos trabajos que la única nación es la española. Cataluña no lo es, ni puede tener símbolos nacionales, salvo que se vinculen a la nacionalidad catalana y no al término nación. Estas son las premisas que inspiran las últimas deliberaciones entre magistrados progresistas y conservadores del Tribunal Constitucional, que buscan conformar una mayoría suficiente para desatascar la sentencia más esperada de los últimos tiempos, de la cual depende el Estatuto de Cataluña, según el relato de El País, que señala que el próximo pleno de los magistrados del TC es el 11 de enero, pero que antes se sucederán las reuniones. Por primera vez empieza a vislumbrarse entre los dos bloques ideológicos la voluntad de cerrar de una vez las deliberaciones y alumbrar la decisión sobre el recurso del PP, que lleva más de tres años en el Tribunal. Al Constitucional le han "dado las uvas" también este año, pese a que su presidenta, María Emilia Casas, descartaba esa posibilidad en junio. Traspasada la barrera psicológica del 31 de diciembre sin la sentencia, los magistrados intentan cerrar un acuerdo a ser posible este mismo mes de enero. Recuerda el diario que la próxima convocatoria del pleno, según el calendario preestablecido de "semanas jurisdiccionales" es para el 11 de enero, pero antes se celebrarán reuniones de despacho para aproximar y quizá cerrar acuerdos.

Según la referida crónica, en las últimas semanas, María Emilia Casas ha intentado liderar una mayoría de magistrados de los dos sectores, que si bien podría rebajar las aspiraciones nacionalistas sobre la "nacionalidad" de algunos enunciados del Título Preliminar y sobre el Consejo de Justicia de Cataluña, trataría de salvar el núcleo central de las competencias y de la financiación. Durante todo diciembre y pese a no haberse habilitado las fechas de Navidad para reuniones del pleno, los magistrados han trabajado incesantemente, y los que no están fuera de Madrid han intensificado las reuniones durante la última semana y las retomarán a partir de este lunes. Entre las hipótesis de cierre que se están explorando se estudia la posibilidad de superar el problema del término "nación", -con el que llevan a vueltas desde el pasado verano-, de manera que permita concitar una mayoría que retocase lo menos posible el Título Preliminar del Estatuto catalán pero dejando claro que la única "nación" es la española. En esa línea, se intentarían mantener la literalidad de que los "símbolos nacionales" de Cataluña del artículo 8.1 del Estatuto son la bandera, la fiesta y el himno, pero dejando claro que se trata de símbolos de una "nacionalidad", tal como se define a Cataluña en el artículo 1 del propio Estatuto y en la referencia que hace el artículo 2 de la Constitución a "la autonomía de las nacionalidades y regiones" que integran la Nación española.

Por otro lado, publica este domingo los resultados de una encuesta sobre el próximo fallo del TC sobre el Estatut catalán. Señala este sondeo que el divorcio entre Catalunya y el resto de España a cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut es cada vez más rotundo. Mientras el 61% de los españoles cree que el Alto Tribunal "tiene la obligación" de recortar el Estatut "si entiende que no se ajusta a la Constitución", idéntica proporción de catalanes rechaza cualquier recorte de un texto que "ha sido aprobado por el Parlament de Catalunya y por las Cortes y revalidado en referéndum". De hecho, en el conjunto de España sólo apuestan por respetar la integridad del Estatut un 23% de los consultados. En cambio, uno de cada cuatro catalanes admite que el Constitucional recorte el texto estatutario si entiende que incurre en inconstitucionalidad. Las posiciones a favor del recorte en caso de inconstitucionalidad son mayoritarias entre los votantes de todos los partidos estatales, aunque con algunos matices. Por ejemplo, un 93% de los electores del partido de Rosa Díez, UPyD, y un 72% de los del PP se muestran partidarios de retocar el Estatut. En cambio, esa tasa cae al 63% entre los votantes de IU/ICV y al 55% entre los del PSOE. Asimismo, mientras sólo un 13% de los electores populares se muestra a favor de respetar el Estatut, ese porcentaje se acerca al 30% entre los votantes socialistas y de Izquierda Unida.