José Luis Gómez.- A vueltas con España.- Divorcio por el Estatut.

MADRID 4 Ene. (OTR/PRESS) -

Un día alguien anunciará el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y acertará, no tanto porque tenga fundamento o información como por casualidad. Y es que después de tres años de ¿deliberaciones? algún día tendrá que ser cierto, salvo que clausuren el alto tribunal por agotamiento de sus miembros. Es tal el barullo que, sea cual sea el resultado del Estatut, costará interpretarlo en clave de ilusión colectiva, cuando fue precisamente una ilusión la que desató este proceso que, de momento, se salda con fundadas sospechas de que el Constitucional no avalará su texto completo y corregirá o anulará algunos de sus artículos.

En las últimas semanas se han sucedido las especulaciones sobre una decisión mil veces filtrada, que parece recordar el cuento del lobo. Detrás del Estatut hay muchas más claves políticas y económicas, pero la gran obsesión de Madrid está en la definición de Cataluña como nación. Lo último que cuenta El País es que magistrados progresistas y conservadores negocian vaciar de contenido el artículo de los símbolos nacionales de Cataluña, como si fueran de quita y pon. Algunos se olvidan de que fue el propio pleno del Tribunal Constitucional el que declaró en una sentencia dictada el 4 de octubre de 1990 que los preámbulos de las leyes carecen de valor normativo y no pueden ser objeto de recurso de inconstitucionalidad, como ya informó el diario Xornal de Galicia. Esa sentencia de los tiempos del magistrado Francisco Tomás y Valiente -por cierto, algo más gloriosos que los actuales- podría tener interés para el actual debate sobre el término nación en el preámbulo del Estatut, aunque otra cosa puede ser la suerte del articulado, donde prolifera el adjetivo nacional. Resulta curiosa tanta sensibilidad de magistrados que se adjetivan a sí mismos como progresistas y conservadores, como si el Constitucional fuese una cámara de segunda o tercera lectura, incapaz de entender que el Estatut utiliza el término nación recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía por parte del Parlamento de Cataluña.

No es de extrañar en estas circunstancias que La Vanguardia hable de divorcio entre Cataluña y el resto de España por la sentencia del Estatut, a la vista de una encuesta en la que parecen saltar chispas. Así, mientras el 61% de los españoles cree que el Constitucional tiene la obligación de recortar el Estatuto si entiende que no se ajusta a la Constitución, el mismo porcentaje de catalanes rechaza cualquier recorte de un texto que revalidaron en referendum, tras ser aprobado por su parlamento y por las Cortes.