José Luis Gómez.- A vueltas con España.- Guerra en la Red

Actualizado 06/12/2009 13:00:10 CET

MADRID, 6 Dic. (OTR/PRESS) -

Muchos internautas temen la creación de una 'policía de internet' que pudiera invadir la intimidad y coartar la libertad de expresión, mientras los creadores defienden una norma que ponga a salvo la propiedad intelectual, según ellos violada constantemente. España tiene, por tanto, un problema importante con la protección de la propiedad intelectual, dado el conflicto de intereses que late alrededor de este asunto donde es francamente difícil encontrar un punto medio. Eso que solemos llamar el sentido común se ve que aquí no funciona mucho que digamos. La clave está, obviamente, en impedir que haya internautas que se lucren de las obras ajenas, sin dañar tampoco los derechos de los usuarios de Internet, pero semejante equilibrio no es tan sencillo como parece. Eso sí, al Gobierno de Rodríguez Zapatero se le puede reconocer la dificultad de acertar en busca de una fórmula que garantice la protección de la propiedad intelectual y los derechos de los internautas, pero no su torpeza, y menos todavía la contradicción permanente, ya que denota falta de criterio y le hace perder credibilidad ante el conjunto de los usuarios.

Es comprensible, por tanto, que el anuncio del Gobierno de crear una comisión de propiedad intelectual, dentro de la ley de la economía sostenible, para cerrar las webs piratas que difunden cine, música o videojuegos sin pagar derechos de autor, haya desatado un auténtico jaleo. Tanto, que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ve su puesto en peligro a los pocos meses de llegar al cargo. Ni siquiera la voz amable y serena del titular de Justicia, Francisco Caamaño, garantizando un control judicial de los cierres, pudo tranquilizar a los internautas, de modo que tuvo que actuar el propio presidente del Gobierno, intentando quedar bien con todos.

Pero, claro, una cosa es decir que no se cerrará ni una web ni un blog, aunque se tomarán medidas para proteger la propiedad intelectual, y otra es definir esas medidas, si es que deben existir, ya que también cabe dejarlo todo en manos de los jueces, a riesgo de demorar las medidas que sea imprescindible tomar ante conductas delictivas. Es cierto que la Unión Europea permite ahora la intervención administrativa, pero si Zapatero decide seguir los pasos de países como Gran Bretaña o Francia debería meditar bien lo que hace e intentar un mínimo consenso social, mientras fomenta, de paso, la reconversión de la industria cultural, necesitada como está de encontrar modelos de negocio adaptados al siglo XXI, donde todo es muy distinto y seguramente aún lo será más. Por fortuna, también quedan personas sensatas en la Administración, como David Cierco, director general de Industria y bloguero, quien ha señalado en un foro de El País que el objetivo del Gobierno de ZP es dar con un criterio que armonice los derechos de los internautas, pero también de los creadores. Ojalá acierte.

OTR Press

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