Julia Navarro.- Chuparse el dedo

MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -

Ha dejado dicho ese aprendiz de brujo de la política que es el hoy ministro Oscar López que el Gobierno "acata" la sentencia del Tribunal Supremo, que por lo que se sabe supone la inhabilitación del hasta ahora Fiscal General del Estado Álvaro Ortiz, pero que no se "chupan el dedo".

Puede que los miembros del Gobierno y sus palmeros no se chupen el dedo pero el resto de los ciudadanos tampoco.

La ciudadanía tiene suficientes luces, dedos aparte, para saber que la inhabilitación del Fiscal poco tiene que ver con que Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, tenga sus más y sus menos con Hacienda porque, a estas alturas, todos los que se chupan el dedo y los que no, saben, sabemos que quería llegar a un acuerdo con la Hacienda Pública debido a sus presuntos incumplimientos con la misma.

Es decir, que la inhabilitación de García Ortiz no es ningún aval, ni exime de su responsabilidad con Hacienda al tal González Amador. Recalco esto por la tendencia que tenemos a mezclar churras con merinas.

Lo que se ha dirimido en el Tribunal Supremo no es otra cosa que si el Fiscal General le hizo el caldo gordo al Gobierno filtrando o permitiendo que se filtrara información sobre un intento de los abogados de González Amador de llegar a un acuerdo con la Hacienda Pública por la vía de reconocer que no pagó, o dejó de pagar, lo que debería de haber pagado a las arcas públicas.

Este es el quid de la cuestión, que no es otro que, al parecer, desde la Fiscalía General se difundió una información concerniente a un ciudadano.

Y para saber esto no hace falta estar en el pelotón de los que se chupan el dedo. Lo que sí resulta escandaloso y, sobre todo peligroso, es la reacción en tromba de varios ministros, incluyendo a la vicepresidenta Díaz, cuestionando y descalificando al Tribunal Supremo, sobre todo señalando a algunos magistrados, a los que consideran que forman parte de una conspiración de la derecha más reaccionaria contra el angelical gobierno de Pedro Sánchez.

Hace tiempo que distintos miembros del Gobierno, amén de sus socios, vienen acusando de "lawfare" a la Sala II del Tribunal Supremo. Y es que nuestro angelical presidente y su angelical gobierno disfrutan del poder gracias a su pacto con quienes intentaron un golpe contra la Constitución. Ya saben, ellos lo llaman el "proces". Como a la Sala II le correspondió juzgar a los protagonistas de la "intentona" desde entonces se ha desatado una campaña política y mediática contra algunos de los jueces que forman parte de esa Sala.

Su consigna es muy simple (tampoco es que den para más): todo el que no está con el Gobierno es un fascista y todo el que apoya al Gobierno es un adalid del progresismo. De manera que esgrimir la más leve crítica a Pedro Sánchez y a los suyos acarrea llevar un "sambenito".

Lo que sucede es que ya son tantos los escándalos, las mentiras, la constatación de la arbitrariedad con que se está ejerciendo el poder por parte de quienes nos "mandan", que ya no cuelan las campañas que llevan a cabo. Supongo que será porque los ciudadanos nos estamos dejando de chupar el dedo ante el progresismo de cartón piedra del Gobierno y sus cuates.