Antonio Jiménez.- Escándalo con ridículo

MADRID 18 Oct. (OTR/PRESS) -

Quien esté libre de "pecado" en asuntos de urbanismo que tire el primer ladrillo. Rafael Simancas, secretario general del Partido Socialista de Madrid, no se dio por aludido por la cita "bíblico-urbanística", dejó caer el suyo e hizo uno de los ridículos más notables y bochornosos que en política cabe recordar. Un ridículo compartido con su portavoz en la Asamblea madrileña, Ruth Porta. Por que, ya me dirán si no es humillante y grotesco viajar a Bruselas a denunciar la corrupción urbanística en la Comunidad de Madrid y pedirle al Parlamento Europeo que la investigue, justo el mismos día en que el alcalde socialista de Ciempozuelos dimitía tras desvelarse una trama de recalificación de suelo cuya comisión pactada con la inmobiliaria, alcanzaba la friolera de 40 millones de euros. Eso sí que es un pelotazo inmoral e ilegal en toda regla y no las legítimas plusvalías que miles de ciudadanos han podido obtener con la compra y venta de terrenos y casas, incluidos los parientes en "tercer y cuarto grado colateral" de la presidenta de Madrid, merced al crecimiento imparable de los precios inmobiliarios de un año a otro; o sea a las condiciones del libre mercado.

La guerra urbanística que Rafael Simancas desató contra la presidenta de Madrid sigue de triunfo en triunfo hasta la derrota final. Está empeñado en tocarle los costados a Esperanza Aguirre con los ladrillos y cada paso que da le conduce inevitablemente a caer en los cimientos abiertos por alguien de los suyos tras una nueva recalificación. Es cierto, claro que sí, que la corrupción urbanística salpica a todos los partidos en la medida en que no hay pacto municipal que se precie que no se haya dirimido sobre la tenencia de la concejalía de urbanismo, ese objeto de deseo irrefrenable para las gentes de partido o independientes. Todas las siglas tienen sus inconfesables "muertos" convenientemente enterrados bajo el hormigón hasta que algún despechado por motivos políticos o económicos, taladradora en mano, los saca a pasear y afloran los escándalos; desde la Cataluña del 3 por ciento a la Andalucía de Marbella o Burguillos en Sevilla, pasando por la Valencia de Orihuela o la Castilla- La Mancha de Albacete o Seseña.

Por eso llama la atención que el Gobierno haya decidido que la unidad de la Guardia Civil creada para investigar la corrupción urbanística empiece por Madrid y Murcia, dos comunidades gobernadas por el PP. Una decisión que no parece inocente ni casual y que inevitablemente levanta infundadas sospechas sobre la utilización política que el Ejecutivo de Zapatero puede hacer de esa unidad. Insisto, quien esté libre de "pecado" urbanístico que tire el primer ladrillo sin que termine cayéndole encima y rompiéndole los morros como a Simancas.

Antonio Jiménez.