Victoria Lafora.- Los negocios de los diputados

Actualizado 22/03/2009 1:00:19 CET

MADRID, 22 Mar. (OTR/PRESS) -

O se es padre de la patria, legislador, con derecho a magnífico despacho en la Carrera de San Jerónimo, o se dedica uno a sus negocietes privados y a hacer dinero. Las dos cosas a la vez resulta feo, poco ético y huele mal, aunque sus compañeros de escaño le hayan concedido la compatibilidad. El diputado del PP y ex ministro de Justicia, José María Michavila, al que no se le conocen últimamente actividades destacadas en el Congreso, había solicitado poder ampliar su campo de trabajo fuera de la cámara, sin renunciar a sus emolumentos como diputado, por supuesto. No contento con representar a artistas y ejercer como abogado, ahora quiere dedicarse al lucrativo afán de administrar grandes patrimonios.

Después del escándalo Madoff, ¿qué mayor garantía puede haber para los asustados inversores que dejar sus fortunas en manos de una señoría? Para eso sirve tener un escaño; para dar credibilidad, rango, lustre y magníficas relaciones a quien tiene un bufete. Sin ir más lejos, el despacho de Michavila intervino en contratos entre constructoras y ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP.

El mismo camino pretende seguir Ángel Acebes quien, desde el Congreso, prepara el camino para volver a la actividad privada y, de momento, no le hace ascos a los consejos de administración que suelen estar muy bien remunerados.

Todo muy ejemplar para los votantes que los eligieron para hacer oposición y controlar al Gobierno. Y estos no son dos casos aislados. Hay muchos más que han conseguido, como ellos, convencer a la Comisión del Estatuto del Diputado para que les deje ejercer las actividades más variopintas.

La semana próxima, se va a votar una propuesta en la que se insta a diputados, que además son concejales y alcaldes de diversas localidades, a que abandonen los consejos de administración de empresas municipales. En un momento de recesión, con cuatro millones de parados, este afán de lucro por parte de los representantes de la soberanía popular, que tienen asegurado por cuatro años su puesto de trabajo y una excelente jubilación, es la peor imagen de la clase política (escándalos de corrupción aparte).

Confiemos y exijamos que se lleve a cabo la modificación de la Ley electoral para endurecer las incompatibilidades de diputados y senadores y acabar con lo que es un puro cachondeo, sin paliativos.

Victoria Lafora

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