MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El arranque de la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Economía Sostenible se aplaza una vez más, por sexta semana consecutiva desde que la norma llegó a la Cámara Baja, si bien el PSOE mantiene la previsión de que la norma supere la primera fase de su desarrollo y salga de la Carrera de San Jerónimo en dirección al Senado en el próximo mes de julio.
La Mesa del Congreso fijó este martes el nuevo plazo para presentar enmiendas de totalidad y al articulado en el 8 de junio, una decisión que los socialistas justifican por tratarse de un texto "enormemente complejo" que no puede ser tratado con "prisas", ante la gran cantidad de sectores e intereses que implica --entre ellos los afectados por la polémica disposición acerca del control de las descargas de contenidos por Internet-- y que ha obligado a los diputados a repartirse las tareas en varios grupos de trabajo.
De momento, el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado se retrasa una semana más, si bien la intención es que el debate de totalidad se celebre este mes y el proceso las enmiendas parciales en Comisión se cierre a finales de junio.
Su idea es someter el dictamen a votación ante el Pleno en una de las sesiones extraordinarias programadas para el mes de julio, si bien la decisión del Gobierno de fijar el Debate del Estado de la Nación en las semanas del 14 y el 21 de julio puede trastocar esta agenda e incluso acelerarla.
Así, la norma no arrancará su trámite en la Cámara Alta en otoño, con lo que el tramo final de su debate coincidiría con el inicio del de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que el Ejecutivo entregará al Congreso a finales de septiembre, con lo que su entrada en vigor se retrasará hasta finales de 2010 o incluso a principios del año próximo.
EL PP ESPERA CAMBIOS TRAS LOS RECORTES
Los grupos de la oposición aún no han decidido si presentarán enmienda de totalidad al texto, aunque por ahora el PP y UPyD son las dos formaciones más proclives a esta posibilidad. En cualquier caso, los 'populares' consideran que el polémico decreto antidéficit aprobado la semana pasada no sólo ha debilitado al Gobierno, sino que ha restado interés a un proyecto que se presentó como la medida 'estrella' para la salida de la crisis.
"¿Qué texto tenemos que estudiar ahora?", indicó a Europa Press un parlamentario 'popular', quien advirtió de la posibilidad de que el propio PSOE aproveche para "dar la vuelta" al proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de marzo en función de las nuevas exigencias de ajuste del déficit, que ya se han traducido en una rebaja del sueldo de funcionarios y congelación de las pensiones para 2011.
BLANCO DEFIENDE LA LEY
Estas dudas fueron contestadas por el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien aprovechó su intervención en un desayuno informativo organizado por el diario 'El Economista' para negar que existan "contradicciones" entre los ajustes presupuestarios y la norma.
"La Ley de Economía Sostenible habla de eficiencia, competitividad y sostenibilidad, y en eso se centran las nuevas medidas de ajuste", incidió Blanco, quien recordó que el texto ampara el Plan Extraordinario de Infraestructura sostenible de 17.000 millones que el Gobierno está poniendo en marcha junto a la iniciativa privada.
DIFÍCIL APOYO DE CIU Y PNV
En cualquier caso, todos los grupos de la oposición consideran "muy insuficiente" la futura norma, y aunque los socialistas dan prácticamente por descartado el apoyo de las minorías de la izquierda parlamentaria y su intención era buscar acuerdos con CiU y PNV para una tramitación cómoda, esta posibilidad se difumina después de que Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de la federación catalana --que facilitó su aprobación con una abstención--, pidiera un adelanto electoral en ese mismo debate.
Por su parte, los nacionalistas vascos son reacios a facilitar las cosas al Gobierno, tras la polémica por la supresión de los blindajes empresariales, que a su juicio perjudica a empresas con gran presencia en el País Vasco, como Iberdrola, y ya han avisado que exigirán contrapartidas directas para el País Vasco a cambio, como ya hicieron en los Presupuestos del presente año.
En cualquier caso, todos los grupos tienen la firme intención de "modificar a fondo" la norma que el Gobierno quiere tramitar con el "máximo consenso", según ha reiterado el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
