MADRID, 27 Feb. (Portaltic) -
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha aprobado la proposición de que se considere Internet como un servicio público y garantizar así la neutralidad en la Red para impedir que se gestione la velocidad y el tráfico según intereses. La votación se saldó con tres votos a favor y dos en contra, con el respaldo de su presidente Tom Wheeler y los miembros demócratas y la oposición republicana.
Esta decisión permitirá aumentar la regulación que garantice el carácter abierto de la Red y extiende la prohibición a las operadoras de priorizar el tráfico a través de las llamadas vías rápidas.
Esta llamada neutralidad debería significar que las diferentes páginas web y vídeos se carguen a la misma velocidad. Hasta ahora la priorización de tráfico servía a las operadoras para vender a los usuarios un acceso más rápido, pero, tal y como estaba montado, realmente se traducía en permitir a las operadoras dar un acceso más rápido a las empresas o usuarios que paguen más.
La justificación a esta actuación se explicaba en las ventajas para el usuario que dispondría de mayor velocidad en función de su plan de pago, pero en la práctica, esto limita la libertad de la Red tanto para empresas, los consumidores domésticos y la redes móviles.
Ya en 2010, la FCC trato de imponer unas reglas de 'Internet abierta', pero quedaron varios vacíos legales. Con esto, elimina uno de los vacíos al dejar de clasificar Internet como "servicio de información" para pasar a hacerlo como "servicio de telecomunicaciones" sujeto a la Ley de Comunicaciones de 1934. Bajo el título II, sitúa Internet al mismo nivel de las líneas telefónicas tradicionales, con los mismos derechos y obligaciones tanto para prestadores como para usuarios.
Es probable que varios agentes de la industria de las telecomunicaciones decidan apelar e interponer una demanda si llegan a considerar las medidas una intrusión excesiva. De todas formas, esta decisión de la FCC no implica garantizar un precio justo para el acceso a la Red, puesto que permite a las operadoras fijarlo como si de un servicio telefónico se tratase, no convirtiéndolo en un servicio universal.
Pese a que la FCC aseguró que no aplicará disposiciones de la ley antedicha como controles de precios, esta ley permite al gobierno investigar tarifas desorbitadas lo que amplia el poder de las autoridades normativas sobre la industria al exigir a los proveedores actuar en interés del público.
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