El CGPJ resalta la "indefinición" del procedimiento a seguir por la Comisión de Propiedad Intelectual

EP

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha debatido y aprobado este jueves su informe sobre las modificaciones previstas en la Ley de Economía Sostenible que avanzó el pasado lunes en el que considera "oportuno" que los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional sean competentes para decidir sobre el bloqueo de contenidos de las páginas web que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.

La única observación que ha aportado este órgano, que se ratifica en todo lo ya expuesto, alude a "la indefinición del procedimiento a seguir" por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI).

Al entender de los vocales del CGPJ esto "repercutiría negativamente en la acción de los tribunales de lo Contencioso-administrativo" que dirimirán este asunto.

En el citado informe se resalta además la "importante carga adicional de trabajo" para los Juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet según el cual cuando un titular de derechos de autor considere que su obra está siendo explotada y distribuida por una página web sin licencia podrá presentar una denuncia a la Sección Segunda, que se creará a tal efecto, de la CPI, quien analizará el caso y lo remitirá a un juez de la Audiencia Nacional de lo Contencioso-administrativo, el cual tendrá un plazo de cuatro días para autorizar o no el bloqueo de esos contenidos concretos.

IMPACTO CUANTITATIVO

Las consideraciones generales del informe del CGPJ sobre esta cuestión avalan el modelo del Gobierno, aunque precisan que en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo "no se valora de forma específica el efecto que puede derivarse de la concentración en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de la nueva competencia atribuida".

Estima así que esto "puede traducirse en una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o en establecer ciertas medidas de refuerzo".

Por ello, ve necesario que la Memoria aborde un "análisis de tipo cuantitativo que tenga en cuenta el impacto de las reformas propuestas en términos de empleo, actividad y precios". "Cuando menos podría hacerse alguna referencia al número de procedimientos administrativos anuales que se calcula que podría tener que instruir y resolver la Comisión de Propiedad Intelectual en esta materia para establecer cuántas intervenciones podrían ser necesarias por parte de los Juzgados de los Contencioso-administrativo.