MADRID, 18 Mar. (portaltic/EP) -
El Gobierno aprobará el próximo viernes en Sevilla la Ley de Economía Sostenible --tal y como anunció José Luis Rodríguez Zapatero-- y una de sus principales propuestas, el cierre de webs con descargas ilegales, está a la espera de conocer si finalmente queda modificada tras los informes de diversas instituciones.
Según explicaron a 'Portaltic.es' fuentes del sector, el documento será aprobado previsiblemente "sin cambios", por lo que se mantendrá la propuesta inicial de un sistema mixto en el que intervendrá una comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional en el cierre de webs.
No obstante, la decisión del Consejo de Ministros también estará supeditada a las conclusiones del informe del Consejo de Estado --último organismos que falta por pronunciarse respecto a la ley--, que a las 14.00 horas de hoy todavía no había enviado al Ministerio de Economía el citado documento.
El pasado 8 de enero, el Consejo de Ministros ya dio luz verde al anteproyecto conocido como 'Ley Sinde', por lo que el siguiente paso era el de conocer la opinión de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado. A la espera de la aprobación definitiva de la Ley, el texto podría haber registrado cambios en este periodo de dos meses en el que ha sido estudiado.
El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.
A pesar de que el consejo avalaba el modelo del Gobierno, precisó en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que "no se valora el efecto" que puede derivarse de la concentración en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
"AUMENTAR LOS JUGZADOS"
Sin embargo, esta afirmación fue rebatida el pasado martes por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien en un desayuno informativo organizado por Europa Press minimizó el riesgo de saturación los juzgados ante la propuesta.
A su entender, la sobrecarga de los juzgados puede "venir por otras causas" y en el caso de producirse sería "cuestión de aumentar los juzgados de lo contencioso administrativo que ya soportan una carga de trabajo importante".
Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
En su informe, criticaba que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.
PLAZO MÁXIMO DE 4 DÍAS
El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contemplaba que fuera la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual.
Según la normativa prevista, el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web.
La Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de la citada comisión.
