Consumidores piden a Becerril que recurra ante el TC la Ley de tasas

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, ha presentado este miércoles a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, un escrito en el que, en nombre de las asociaciones que integran la organización, le pide que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas judiciales.

Por su parte, fuentes de la institución han explicado a Europa Press que tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para decidir si recurre o no ante el Tribunal Constitucional la Ley de Tasas Judiciales.

En el documento, las asociaciones solicitan a la Defensora del Pueblo que recurra los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la ley porque, de acuerdo con su razonamiento jurídico, afectan a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos; sin perjuicio de que esta pueda extender el recurso a otros artículos de la mencionada norma "si así lo estima oportuno".

En este sentido, el portavoz de FACUA --una de las asociaciones que integran el Consejo de Consumidores y Usuarios--, Rubén Sánchez, ha destacado que la norma va a "impedir el derecho a la tutela judicial efectiva". Así, ha alertado, en declaraciones a Europa Press, de que, en el ámbito de los consumidores, las empresas van a aprovechar que el usuario no tiene "capacidad para pagar la tasa para llevarle a los tribunales" y que, en muchas ocasiones, este considerará que "no le compensa" y no denunciará.

De hecho, ha señalado que, si una empresa se niega a asumir el laudo en favor de un consumidor, determinado por un sistema arbitral de consumo, este tendrá que pagar 200 euros para solicitar la ejecución; así como que, en caso de querer reclamar daños y perjuicios a una compañía aérea que le ha hecho perder un vuelo de 2.500 euros, el usuario tendrá que pagar "una pedazo de tasa" de más de 300 euros. También ha lamentado que las personas que invirtieron en preferentes deberán pagar "una tasa brutal" para ir a los tribunales a ver "si consiguen que haya sentencia en contra del banco".

Asimismo, Sánchez ha incidido en que espera que el Tribunal Constitucional (TC) asuma "la importancia y la gravedad de este asunto para que el proceso no se demore tantos años como es de prever". "La situación ahora mismo requiere que Gallardón pare la ley porque, evidentemente, si el TC dentro de 2 3, 4 o 5 años determina su inconstitucionalidad y se deroga, eso no va a quitar que durante un montón de años habrá multitud de ciudadanos que no habrán podido acceder a la Justicia", ha añadido.

En términos parecidos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también forma parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha subrayado que la ley vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de igualdad jurídica de la ley y el derecho a la protección de los consumidores mediante procedimientos eficaces. Al mismo tiempo, ha recordado que el recurso de inconstitucionalidad es "la última posibilidad de actuación" contra esta ley.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), la Asociación General de Consumidores (ASGECO), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI), la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) también forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios.