MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Consumidoras que se celebra el viernes el 15 de marzo, en la que asegura que seguirá "avanzando en un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos productos de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas consumidoras".
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha impulsado la citada declaración institucional y ha defendido que este día "supone una oportunidad para promover y proteger los derechos de las personas consumidoras, así como para señalar los retos a los que se enfrentan, especialmente, las personas consumidoras vulnerables, cuya defensa es un compromiso fundamental para nosotros".
Según ha añadido, el objetivo de esta declaración es "fomentar también un consumo responsable y sostenible que permita abordar desafíos como, por ejemplo, el de la transformación digital". Así, ha reivindicado la necesidad de "democratizar" las relaciones de consumo porque de esta manera se preservará el "entorno y el bienestar de la sociedad".
En el texto, recogido por Europa Press, el Consejo de Ministros explica que se une a la comunidad internacional y al movimiento consumerista "en la reflexión sobre la importancia de reforzar la protección de los derechos de todos las personas consumidoras, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables".
El Gobierno sostiene que la protección de las personas consumidoras vulnerables es un "compromiso fundamental" y se dice pionero "a la hora de introducir en la normativa una noción de persona consumidora vulnerable amplia, que trasciende la tradicional concepción vinculada exclusivamente a las circunstancias económicas, imponiendo obligaciones de protección reforzada de estas personas tanto por parte de las instituciones como por parte de los operadores económicos".
"Nos esforzamos por garantizar que toda la ciudadanía, independientemente de sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, tengan acceso a productos y servicios de calidad y reciban un trato justo por parte de los operadores económicos", asegura, para después añadir que apuesta "firmemente por la igualdad en el acceso a bienes y servicios por parte de toda la ciudadanía, en especial, por parte de las personas con discapacidad".
En este contexto, dice que seguirá "avanzando en un etiquetado que garantice la accesibilidad universal" de aquellos productos de especial relevancia para la "protección de la seguridad, integridad y calidad de vida" de las personas consumidoras. "Seremos pioneros a nivel internacional en la protección de los derechos como personas consumidoras de las personas con discapacidad", añade.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Asimismo, destaca los "desafíos y oportunidades" que presenta la transformación digital en el ámbito del consumo. "La digitalización ha revolucionado la forma en que compramos y consumimos bienes y servicios, ofreciendo beneficios significativos en términos de comodidad y accesibilidad", explica.
También apunta "riesgos", como la protección de datos personales, la seguridad en línea y la equidad en el acceso a la tecnología, "lo que requiere esfuerzos por parte de todos los agentes para garantizar que estos beneficios llegan a todas las capas de la sociedad, en especial, a las personas mayores y que las personas menores de edad no quedan expuestas a contenido inadecuado que pueda afectar a su desarrollo".
"Nos comprometemos a abordar estos desafíos de manera integral, continuando firmemente implementando políticas con un enfoque inclusivo que garanticen que no se deje a nadie atrás en esta era digital", declara el Ejecutivo, que considera "crucial" que toda la ciudadanía tenga "las habilidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la economía digital y disfrutar de sus beneficios de manera segura y equitativa".
Por otro lado, el Gobierno sostiene que continuará "activamente fomentando un consumo sostenible que respete los límites" del planeta y que "contribuya a un desarrollo económico y social justo y equitativo", para lo que promoverá la primera ley sobre consumo sostenible de la democracia. "Esto incluirá medidas para promover la producción y el consumo responsables, así como para combatir el desperdicio, la obsolescencia programada o prácticas desleales de blanqueamiento ecológico", añade.
