MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores de España (UCE) ha denunciado a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ante la Comisión Nacional de Competencia (CNC) al entender que el sistema elegido por Tráfico para designar a los centros que ofrecen cursos de recuperación de puntos "restringe" la competencia y encarece el precio de esta formación.
Concretamente, la UCE se queja de que Tráfico ha renovado recientemente mediante un sistema de concesión administrativa la autorización que tenían desde 2006 un total de 200 autoescuelas (el 4% de las 7.000 centros que existen en España) para ofrecer los cursos de recuperación de puntos hasta 2014, lo que, al ser un número limitado de centros, encarece entre un 20 y un 30 por ciento el precio de estos cursos, que son obligatorios en caso de haber agotado todo el saldo de puntos del carné.
UCE se queja de que esta forma "restrictiva" de elegir a los centros ha supuesto desde 2006, cuando se aprobó el permiso por puntos, un "suculento negocio" para los 200 centros elegidos, que en estos años han ganado 40 millones de euros con los 140.000 conductores que han pasado por esta formación. El precio de los cursos varía desde los 184 euros, en aquellos casos que sólo se quiere recuperar algunos puntos, y los 350 euros, en los casos en que se haya perdido todo el saldo de puntos.
Además, los consumidores se quejan de que al solo estar autorizado 200 centros a dar estos cursos existen ciudadanos que tienen que desplazarse más de cien kilómetros para asistir a ellos, ya que no tienen un centro más cercano que los ofrezca. En este sentido, aunque en las propias condiciones de la DGT se establecía que debía haber al menos dos autoescuelas que ofrecieran este tipo de cursos en las capitales de provincias, la UCE ha calculado que en 25 de estas ciudades sólo hay uno.
La DGT decidió utilizar el régimen de concesión administrativa en mayo de 2006, después de aprobarse el carné por puntos, para elegir a las autoescuelas que iban a dar estos cursos los siguientes cinco años. En esa ocasión, algunas autoescuelas que no habían sido elegidas también recurrieron la decisión de Tráfico ante la CNC.
En 2009, Competencia archivó el expediente que había abierto a la DGT al considerar que no había violado la Ley de Defensa de la Competencia, ya que el régimen de concesión administrativo es legal. No obstante, en su resolución, la CNC señalaba que había "serias dudas respecto a si resulta justificado y proporcionado" utilizar ese sistema a la hora de elegir a las autoescuelas para dar los cursos "pudiendo recurrirse a otros regímenes alternativos menos restrictivos de la competencia".
Asimismo, en un informe posterior elaborado sobre el caso por Competencia, el órgano regulador señalaba que el régimen de concesión administrativa elegido por la DGT "no se ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad y de mínima distorsión" y recomendó la aplicación de un régimen alternativo como el de la autorización administrativa.
No obstante, en marzo de este año, pese a la recomendación de Competencia, Tráfico decidió renovar la autorización a los mismos 200 centros mediante el mismo sistema, lo que ha motivado que la UCE recurra ante el organismo regulador. "Se está obligando a muchos ciudadanos a pagar un sobrecoste de entre un 20 y un 30 por ciento. ¿Cómo es posible?", se ha preguntado en rueda de prensa el portavoz de UCE, Dacio Alonso.
Alonso ha calculado que alrededor de 600.000 conductores españoles han perdido ya más de seis puntos de su carné por cometer alguna infracción y ha indicado que todos ellos tendrán que pasar seguramente por algunos de estos cursos para recuperarlos. "En lugar de pagar lo que tendría que pagar --por recuperar sus puntos--, van a tener que pagar un sobrecoste", se ha quejado Alonso, quien ha considerado de "absoluta gravedad" en una "situación de crisis" que la DGT haya decidido "blindar" durante tres años más los "privilegios" de estas 200 centros.
RAZONES DE LA DGT
En una comparecencia ante la Comisión no permanente de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados en marzo, el director de Tráfico, Pere Navarro, justificó la medida dado la dificultad de inspeccionar a "6.000 centros dando cursos de recuperación de puntos", razón por la que, según indicó, se optó por un sistema de concesión que limitaba a un centenar el número de centros que podían ofrecer esta formación. Además, en esa ocasión, destacó que los cursos de recuperación de puntos son algo "nuevo", "delicado", en lo que otros países habían tenido problemas, y que se quería "preservar".
Por su parte, el portavoz de UCE ha respondido estas declaraciones y ha señalado que en Francia, país que España utilizó como referencia para desarrollar el carné por puntos, el sistema está "absolutamente abierto", por lo que existe una libre competencia entre los centros a la hora de fijar los precios de estos cursos.
En cuanto a los motivos por los que se prorrogó el sistema tres años más, el director de Tráfico señaló en el Congreso que la legislación permite a la DGT hacerlo hasta cinco años y achacó a la proximidad de las elecciones la decisión de no cambiar de sistema de momento. "Nos parecía que a un año de las elecciones abrir un melón como este con todo lo que supone no nos pareció prudente", indicó Navarro, quien subrayó que un panorama de "miles de centros dando cursos de recuperación de puntos" es "complicado" de gestionar.
Con motivo de la comparecencia de Navarro en el Congreso, el portavoz del PP en la Comisión no permanente de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, Federico Souvirón, acusó a Tráfico de tener "intereses ocultos" en este asunto. "No sé que interés hay detrás de esta historia, porque el interés público o el interés general no creo que esté cubierto con este sistema de reparto", subrayó.
Por su parte, el portavoz del PSOE Carlos Corcuera consideró "grave" que el diputado del PP insinuara "intereses ocultos", lo que es "un delito que debería demostrar en cualquier caso". Además, indicó que los "cursos de recuperación de puntos son el eslabón más débil" porque si no se hacen bien, "pierde toda la credibilidad el sistema" y concluyó diciendo que "cuando una política funciona bien, lo razonable y lógico es mantenerla".
