SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación Enseñanza de la Confederación General del Trabajo en CGT en Andalucía apuntó hoy que recurrirá cada una de los diez conciertos educativos que ha aprobado la Junta con centros de educación diferencia para el curso 2009-2010 y estudiará la posibilidad de acudir a otras vías judiciales en demanda de medidas disciplinarias por el incumplimiento de la ley por parte de la Junta "a sabiendas".
Según indicó a Europa Press el secretario de Jurídica y Comunicación de CGT Andalucía, Rafael Fenoy Rico, el rechazo inicial por parte de la Junta en la resolución provisional de los diez conciertos y la argumentación usada para su negación hace "más sorprendente aún" que ahora digan que sí.
Además, aseguró que van a recurrir cada una de las órdenes e, incluso, adelantó que el gabinete jurídico de CGT esta barajando la posibilidad de ir contra la consejera de Educación, Mar Moreno, por prevaricación, porque conociendo la ley la incumple, aunque aún hay que estudiar el caso y ver las matizaciones. Del mismo modo, esperan que con los recursos de reposición se paralice el concierto con estos centros.
Asimismo, señaló que en ninguna norma, hasta el momento, se ha argumentando tan extensamente un no para concluir con un sí y continuó explicando que son "desconcertantes estos conciertos", ya que toda la norma en la que se sostiene el fundamento de la propia Consejería de Educación precisamente motiva "un no al concierto clarísimo y sin embrago, para estupor e indignación de propios y extraños, la consejera firma el sí al concierto".
La Consejería de Educación mediante diversas ordenes todas ellas de fecha 7 de agosto del presente y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el día de ayer, resolvió la solicitud de renovación del concierto educativo con los centros docentes privados concertados para el curso académico próximo Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, Molino Azul de Lora del Río, Elcható de Brenes y Albaydar, Altair y Ribamar de Sevilla, El Soto de Chauchina, en Granada, Torrealba de Almodóvar del Río, en Córdoba, Zalima de Córdoba, Yucatal de Posadas, en Córdoba, y Campomar de Aguadulce, en Almería.
En la resolución provisional estos centros fueron excluidos del concierto y, según Fenoy, ante la presión ejercida por las patronales de los mismos, órdenes religiosas y representantes de padres y madres han conseguido que la Consejería de Educación les tema "más a ellos que a doblegar la legalidad vigente", dijo.
Fenoy señaló que la Consejería reconoce que a pesar de que la persona titular del centro docente privado concertado se comprometió a cumplir la normativa vigente de escolarización, no ha escolarizado alumnado de ambos sexos en las distintas etapas educativas objeto del concierto para el curso académico próximo, es decir, "los titulares de esos centros engañaron a la propia consejera", subrayó.
Manifestó que está decisión refleja "un alarde de candidez o de provecho político" del Gobierno andaluz, pues sigue dejando abierta la posibilidad de no concertar en un futuro si las patronales de estos centros privados que segregan niños o niñas lo siguen haciendo.
En este sentido, tachó el acuerdo de "incomprensible, ilegal e indignante" y afirmó que "no hay argumentos legales para justificar el atropello de los derechos de todos a un trato justo y equitativo, el derecho a que los políticos se comporten conforma a la ley establece, sin acepciones ni de personas ni organizaciones".