SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), informó hoy de que, al margen del recurso que pondrán ante el Tribunal Constitucional (TC), plantearán antes de finales de julio un incidente de nulidad por "indefensión" contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que avala las órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por la que se desarrollan los currículos correspondientes a Educación Primaria y Secundaria en referencia a la materia Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC)".
En declaraciones a Europa Press, Seco señaló que la presentación de este incidente viene motivada porque en el escrito de demanda presentado se han impugnado otros aspectos a los que no ha hecho ni una sola referencia la sentencia del TS y, por lo tanto, "nos sentimos indefensos porque vulnera derechos fundamentales de las familias".
Además, afirmó que la sentencia "se ha limitado a desarrollar el párrafo que se refiere al currículo de EpC, en el que simplemente argumenta que el contenido de la asignatura trata de desarrollar lo valores constitucionales". "Nosotros en nuestra demanda esto lo hemos mantenido siempre a salvo, porque estamos completamente de acuerdo en que se eduque en esos valores constitucionales", manifestó.
Asimismo, Seco indicó que la realidad social que se vive en materia educativa en la comunidad autónoma andaluza es "muy distinta" a lo que se puede poder percibir de los currículos que se desarrollan. Al hilo de esto, dijo que "tenemos una Consejería de Educación empeñada en introducir la ideología de géneros a través de todos los medios a su alcance, elaborando material didáctico propio de la Consejería, fundados en esa ideología de género y distribuido por los centros educativos".
Según el abogado, "eso es algo que vulnera el derecho fundamental de los padres, porque no se les ha dado la ocasión de poder decidir si ese material didáctico se le entrega a sus hijos. Por tanto, la situación es de absoluta indefensión porque la sentencia no conoce la realidad social", concluyó.