MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ANPE, en su balance del curso escolar, ha criticado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional "vuelve a olvidar a los docentes", así como la "polémica e incertidumbre" en el desarrollo e implantación de la LOMLOE, la ley de educación conocida como 'Ley Celaá'.
En el inicio del curso que acaba de terminar, ANPE recuerda que comenzó reivindicando el mantenimiento del profesorado de refuerzo contratado del curso anterior, "algo esencial para cumplir las medidas higiénico-sanitarias y así poder regresar a la presencialidad en todas las etapas y combatir la carencia de aprendizajes del alumnado desde el comienzo de la pandemia".
En este sentido, ha advertido de que "la diferente actuación en la contratación de docentes de refuerzo en las comunidades autónomas ha ahondado aún más en la desigualdad entre territorios".
Así, ha subrayado que aspectos como los nuevos criterios de promoción de curso y titulación, que han entrado en vigor este curso escolar, o el desarrollo de los nuevos currículos que se aplicarán en los cursos impares a partir del próximo, "han generado gran controversia".
ANPE ha criticado la aplicación de los nuevos criterios de promoción de curso y titulación que entiende "trasladan la responsabilidad a los centros y equipos docentes, sin un criterio claro y objetivo en cuanto al número máximo de materias suspensas para promocionar, generando entre el profesorado una situación de inseguridad jurídica".
En este nuevo contexto, desde ANPE piden a las administraciones educativas que respalden las decisiones que sobre promoción y titulación adopte el profesorado. Por otro lado, considera que permitir que se titule en Secundaria y Bachillerato con materias no superadas, "devalúa la cultura del rigor y el esfuerzo".
En su opinión, estas medidas perjudican, fundamentalmente, al alumnado de entornos socioeconómicos más desfavorables y que se encuentra escolarizado, sobre todo, en los centros públicos, ya que "no podrán compensar fuera del centro educativo los déficits de aprendizaje que acumularán al pasar de curso y titular con materias suspensas, cercenando las posibilidades que ofrece a este alumnado el sistema educativo como compensador de desigualdades y ascensor social".
Por otro lado, añade que este curso también ha estado marcado por la polémica respecto a los nuevos currículos que, en desarrollo y aplicación de la LOMLOE, deberán implantarse a partir del curso que viene, en los cursos impares, y en el curso siguiente en el resto de los niveles.
Para ANPE es fundamental, de cara a la aplicación de estos nuevos currículos, hoy en día pendientes de publicación en varias comunidades autónomas, "que se hubiesen publicado con la antelación necesaria que hubiese permitido al profesorado adaptar sus programaciones y obtener la formación y asesoramiento adecuados para ello".
En lo que respecta al profesorado, destaca la aplicación de la Ley de estabilización, fruto de un acuerdo entre algunos sindicatos y el Gobierno estatal, a los interinos docentes, una ley que, a su juicio, "no ha sido ideada para el profesorado, sino para otros colectivos de empleados públicos, y que tiene difícil aplicación y encaje en el sector docente, entre otras cosas, por tratarse de cuerpos estatales".
"Desde ANPE hemos pedido al Ministerio que coordine estos procedimientos, para paliar los desajustes que pudiera ocasionar especialmente la estabilización mediante la realización de los concursos de méritos de forma paralela por las comunidades autónomas. Resulta imprescindible garantizar que las plazas no se pierdan ni queden desiertas", ha apuntado el sindicato.
En referencia a la presentación de una propuesta normativa de desarrollo de la profesión docente en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la LOMLOE, ANPE advierte de que el pasado mes de enero, el Ministerio presentó una serie de propuestas generales que "no han sido concretadas ni abordadas en la Mesa de negociación con los representantes del profesorado".
Para el sindicato, el desarrollo de la profesión docente ha de contemplar el establecimiento de una Ley de la Profesión Docente donde se recoja y regulen, entre otros aspectos, los requisitos de formación inicial y condiciones de habilitación para el profesorado de las enseñanzas no universitarias.
A su vez, indica que, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, se establezcan y regulen los procedimientos de ingreso y acceso propios de los cuerpos docentes, la reestructuración de los mismos y la inclusión de todo el profesorado en el grupo A1, lo que "conlleva abordar el establecimiento de la carrera profesional de los docentes, desde el ingreso en los respectivos cuerpos hasta la jubilación".
"Desde ANPE, seguiremos exigiendo la negociación de todas esas mejoras, abordando aspectos tan esenciales como la equiparación salarial y de condiciones laborales del profesorado de todo el Estado, la reducción del horario lectivo y la disminución generalizada de ratios en todas las etapas educativas", concluye el sindicato.
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