Bajada de ratios, Estatuto del Becario o decreto de universidades y FP, en el aire por el adelanto electoral

   MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

   La ley que establece una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado su universitario, actualmente en tramitación en la Comisión de Educación en el Congreso y cuyo objetivo era que estuviera desplegada en el curso 2031/2032, decaerá debido al adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dará lugar a la disolución de las Cortes Generales.

    Tampoco verá la luz esta legislatura el Estatuto del Becario, también en tramitación parlamentaria, y quedan en el aire los decretos en los que trabajaba el Gobierno para garantizar la calidad de los centros de Formación Profesional o con nuevos requisitos para la creación de universidades.

    La norma de reducción de ratios y horas lectivas establecía con carácter general un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En cuanto al profesorado, el documento contemplaba un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP).

   La ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, también ha anunciado recientemente que el Gobierno ultima un decreto para asegurar la calidad de los centros de Formación Profesional (FP) y acabar con la formación 100% online que probablemente no llegue a aprobarse. Del mismo modo, la ministra anunció una norma para bajar las ratios en el primer ciclo de educación infantil.

   La propuesta que el Ministerio hizo a los sindicatos establecía las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

   El Ministerio también proponía reducir la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.

   La norma en la que trabajaba Educación también establecía que los centros de 0-3 años deberán contar con una serie de instalaciones y condiciones materiales, como un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.

   El Ministerio también presentó el pasado verano a los sindicatos la reforma de los reales decretos de requisitos mínimos de los colegios, que incluyen la adecuación de la climatización para el confort térmico, con criterios de eficiencia energética y adaptación a las consecuencias del cambio climático.

EL ESTATUTO DEL BECARIO, ESTANCADO EN EL CONGRESO 

   Por otro lado, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprobó a principios del pasado mes de marzo el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, cuya tramitación se encontraba actualmente estancada en el Congreso y que ahora decae con la disolución de las Cortes.

    Se trata de una iniciativa destinada a regular prácticas no laborales en empresas, definir su marco jurídico y establecer derechos y obligaciones de las personas en formación, así como las sanciones aplicables a las empresas que incumplan la normativa.

   En materia universitaria, el Gobierno sigue sin aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que probablemente tampoco saldrá adelante.

DECRETO UNIVERSITARIO, LEY DEL ESPACIO Y SEXENIO DE TRANSFERENCIA 

   Además, el presidente del Gobierno anunció el pasado mes de septiembre que estaban trabajando en un nuevo real decreto que incluiría nuevos requisitos para las universidades, como que cada titulación cuente con un 50% de profesores doctores o presencialidad "allí donde sea necesaria".

   El Gobierno ya endureció los requisitos para crear y reconocer nuevas universidades el año pasado. "Han aparecido universidades con calidad cuestionable que se aprovechan para hacer negocio. Un centro universitario no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos universitarios, tiene que ofrecer docencia de calidad", sentenció Sánchez.

   En materia de Ciencia, quedan pendientes desarrollos complementarios de la Ley de Ciencia como la estrategia y desarrollo reglamentario de Transferencia de Conocimiento.

    También queda pendiente de aprobación por el adelanto electoral la Ley de Actividades Espaciales, cuyo anteproyecto de ley sacó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a consulta pública hace un año.

    El anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales buscaba ordenar de forma sistemática la actividad espacial bajo jurisdicción española, establecerá requisitos para reducir la basura espacial y exigirá a los operadores disponer de seguros o garantías financieras suficientes para desarrollar actividades espaciales.

   Por último, queda en el aire la aprobación del nuevo sexenio de transferencia para el personal docente e investigador, una medida destinada a incentivar la llegada de los avances científicos al tejido productivo y a la sociedad y cuyos trámites ya habían sido iniciados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.