SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Milagros Luis, informó hoy en el Pleno del Parlamento regional sobre el decreto por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, y según el cual, entre otras novedades, los directores de los mismos podrán contratar obras hasta 50.000 euros y servicios y suministros que cuesten hasta 18.000.
Luis detalló el contenido de este decreto en respuesta a una solicitud de la diputada de Coalición Canaria Marisa Zamora. Según la consejera el decreto en cuestión es fruto de la participación de todos los agentes implicados.
Según este documento, los equipos directivos velarán para que las actividades de los centros docentes públicos se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las leyes y disposiciones vigentes, por el logro de los objetivos establecidos en el proyecto educativo del centro docente público, por la calidad de la educación y por el fomento y promoción de la investigación e innovación educativa.
Asimismo, estos equipos, que la consejera calificó como una "figura clave para el desarrollo de la vida escolar", garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al personal docente, a los representantes legales del alumnado y al personal de administración y de servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes.
Los directores impulsarán medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres, y fomentarán la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, como medio para mejorar la convivencia y los hábitos ciudadanos. Al tiempo que colaborarán en la implementación de medidas para favorecer la equidad educativa, que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación del alumnado, para compensar las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.
MÁS PARTICIPACIÓN
El decreto establece que los equipos directivos fomentarán y favorecerán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro docente público, en su organización y funcionamiento; colaborarán en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos que establezca la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que los centros docentes definan en sus proyectos educativos; y coordinarán la colaboración con otros centros docentes públicos de la zona, tanto para la escolarización del alumnado, como para realizar una oferta educativa adecuada a las necesidades del entorno.
En definitiva, el director o la directora es la persona responsable de la organización y funcionamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro educativo y ejercerá la dirección pedagógica, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto de los miembros del equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno.
Podrá realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes y a la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración Educativa de Canarias.
Asimismo, podrá autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.
CONTROL
En esta tesitura, desde las filas 'populares', la diputada María del Mar Arévalo valoró la actuación del Ejecutivo canario y quiso saber si la concesión de contratos menores lleva aparejado el control adecuado. Un extremo que despertó las críticas de la diputada socialista María Belén Monzón, quien opinó que los directores no tienen la formación administrativa necesaria para esta tarea.
Por su parte, la parlamentaria nacionalista Marisa Zamora señaló que el que un centro funcione mejor no depende sólo del equipo directivo, si no de toda la comunidad educativa. Además felicitó al Gobierno canario por el "gran acierto" de este decreto y apostó por "profesionalizar la función directiva".
Luis aclaró que con este decreto se establece la vía para que los directores puedan adjudicar obras por menos 50.000 euros y servicios y suministros por menos de 18.000. La consejera resaltó que se busca "flexibilizar" el trabajo para no estar a la espera de las "múltiples gestiones, a veces engorrosas, que se realizan desde las centrales educativas". "Se pretende imprimir agilidad con garantías", concluyó.