CASTILLA Y LEÓN.-El proyecto de ley de Universidades otorga nueva función al Consejo Social y cambia el régimen de la Agencia de Cal

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Universidades de Castilla y León, aprobado hoy en el Consejo de Gobierno para adaptar la normativa autonómica a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), otorga nuevas funciones a los consejos sociales de estas instituciones y cambia el régimen jurídico de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Juan José Mateos, explicó que la actual legislación de la Comunidad emanaba de la ley estatal de Universidades de 2001, modificada en el año 2007, y que el proyecto aprobado hoy busca modificar parte del articulado de la Ley de Universidades de la Comunidad, aprobada en 2003, para su adecuación a la nacional.

Entre las principales novedades del proyecto de ley, según defendió el propio consejero, figura la mejora del papel de los consejos sociales, a los que se atribuye ahora una nueva función centrada en informar sobre la creación de empresas de base tecnológica promovidas por la universidad o participadas y creadas a partir de patentes o resultados de proyectos de investigación originados en la universidad.

Este aspecto era antes "excepcional" pero ahora "habitual e importante" para el sistema, según Mateos, quien explicó que otra de las modificaciones radica en que deja de ser obligatorio que los centros universitarios privados se integren en una universidad privada como centros propios de la misma o adscritos a una pública para, a partir de ahora, poder adscribirse a universidades privadas mediante convenios.

La segunda causa de modificación de la Ley de Universidades de Castilla y León es el cambio de régimen jurídico de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que pasa a convertirse en un ente público de derecho privado debido a los cambios experimentados desde su creación, en 2001 y bajo la forma jurídica del Consorcio, en el contexto social que aconseja establecer un nuevo régimen jurídico y de funcionamiento.

En el proyecto de ley se configura la Agencia como un órgano de evaluación externa del sistema universitario de Castilla y León, adscrito a la Consejería de Educación, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio que se encargará de la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito de las universidades y de los centros de investigación y de Educación Superior de Castilla y León y que colaborará también con universidades de otros países en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León se estructurará en departamentos de gobierno (Consejo de Dirección, presidido por el consejero de Educación), Comisiones de Evaluación (Profesorado, Investigación, Titulaciones y Calidad Institucional) y Consejo Asesor como órgano de consulta y estará integrado por el personal que en la actualidad forma parte del Consorcio de la Agencia.

Según Juan José Mateos, la nueva marca jurídica garantiza "aún más" la "independencia, profesionalidad y libertad" de este órgano, formado por la Consejería y las universidades públicas, que verá actualizadas sus funciones e incrementará sus competencias además de entrar a formar parte de la Asociación Europea para la Garantía de Calidad en la Educación Superior (ENQA), que lleva a cabo "rígidos" procesos de selección para la admisión de sus miembros, entre los que figuran las agencias regionales de Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla y León y la Aneca, la agencia nacional.

La presencia en ENQA se traduce, según el consejero, en garantías de credibilidad, aportación de transparencia e incremento del prestigio "nacional e internacional" así como el acceso al registro europeo de agencias y la posibilidad de realizar evaluaciones en el ámbito nacional e internacional.

Por otro lado y en cuanto a su adecuación a la LOU, el texto contempla cambios de denominación y actualización de algunos términos y modificaciones en la adscripción de centros docentes de titularidad pública o privada de manera que, en el nuevo texto, las facultades, escuelas técnicas o politécnicas superiores y escuelas universitarias o politécnicas universitarias se denominarán "escuelas y facultades" y el Consejo de Coordinación Universitaria se llamará 'Consejo de Universidades', entre otros cambios.