MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
PSOE y Ciudadanos han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas con las que pide explicaciones al Gobierno sobre la situación laboral denunciada por los trabajadores del teléfono contra el acoso escolar. Según los empleados de este servicio, tienen contratos por obra o servicio de 20 horas semanales por los que cobran menos de 500 euros al mes.
Así, la formación naranja pregunta al Ejecutivo si era conocedor de esta información, que ha publicado este jueves 'El País', y si considera que retribuir a profesionales "por debajo de su cualificación y responsabilidades es compatible con la obtención de un buen servicio".
Del mismo modo, llaman al Gobierno de llevar a cabo alguna medida para reducir la precariedad de estos profesionales y le exigen que presente datos relativos a la calidad del servicio o al nivel de éxito de la atención de este servicio.
También los socialistas piden al Ejecutivo medidas para solucionar esta situación y, además, le preguntan sobre el grado de responsabilidad que tiene el propio Gobierno ante lo que consideran un "trato laboral vejatorio" de los trabajadores. "En el Pliego de Prescripciones Técnicas especifican que la atención debía ser exclusiva de profesionales de psicología, juristas, sociólogos y trabajadores sociales", apunta el texto registrado por el PSOE, al que ha tenido acceso Europa Press.
EDUCACIÓN DICE QUE NO ES SU COMPETENCIA
Ciudadanos también destaca que el teléfono de atención del acoso escolar se creó con el objetivo de ser atendido por "especialistas" a los que se les exigió "una titulación oficial para poder trabajar y atender las llamadas". A su juicio, ha sido la "política de minimizar los costes" lo que ha generado esta situación, limitando las contrataciones y la propia organización interna de la empresa.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se ha referido este jueves también a este tema y ha señalado que la situación laboral denunciada "no compete a su departamento", sino a la empresa adjudicataria del contrato (Alcalá BC) y ha insistido en que "lo que importa es que el servicio sea bueno". "En cualquier caso, lo miraré", ha apostillado Méndez de Vigo.
