VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León aplicará "en sus justos términos" el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCyL) que reconoce el derecho a objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) a tres alumnos.
Así lo explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, quien criticó la actuación del Gobierno central en materia de educación, que con esta materia "tensiona" al sistema educativo y, aunque el curso había comenzado con normalidad, llega ahora una sentencia "y que no necesita el sistema y los jóvenes es que se tensione".
El portavoz de la Junta de Castilla y León mostró su absoluto respeto a la sentencia del TSJCyL, por lo que se aplicará a los casos a los que se refiere, tres niños --uno de los cuales tiene aprobada la asignatura--, aunque aún se analiza la sentencia, de más de 100 folios, por lo que no sabe en qué les afectará.
"Esto de nuevo pone en evidencia el desmarque, descuadre, incoherencia del Gobierno de la Nación", dijo De Santiago-Juárez, quien recordó que tomó como primera medida dejar sin efecto la Ley de Calidad de la Enseñanza, introdujo "a capón" Educación para la Ciudadanía y hay una parte importante de la sociedad que cree que tiene demasiada carga ideológico.
El consejero de la Presidencia tranquilizó a los padres de alumnos de Castilla y León porque el decreto que regula el currículo de la asignatura en la Comunidad porque se ha "descargado de carga ideológica", pero considera que aún así este asunto "tensiona el sistema educativo".
Ahora hablan de un Pacto Nacional por la Educación, dijo De Santiago-Juárez, quien añadió "el primer paso fue cargarse la Ley de Calidad" y se ha comprobado en todos los informes que el sistema español está fracasando, aunque algunos se "salva" como el de Castilla y León.
Ante esta situación, el portavoz de la Junta considera que "sería bueno" que el Tribunal Constitucional dictara "pronto" una sentencia para "corregir" estos desequilibrios y añadió que el Alto Tribunal debería decidir si la asignatura es obligatoria o no o si se puede objetar.