España se sitúa en el décimo puesto del mundo en el 'Índice de Libertad de Enseñanza 2016'

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

España se sitúa en el puesto número 10 del mundo en el 'Índice de Libertad de Enseñanza 2016' de la ONG OIDL, que analiza el sistema educativo de 136 países (el 94 por ciento de la población mundial) en base a la financiación pública de la enseñanza privada, la posibilidad de crear y gestionar escuelas no gubernamentales, la tasa neta de escolarización y la de escolarización en el sistema privado-concertado.

De este modo, España, con 281 puntos, se sitúa por detrás de Irlanda (398), Noruega (353), Bélgica (352), Malta (326), Dinamarca (312), Gran Bretaña (305), Chile (303), Finlandia (301) y Eslovaquia (298), según consta el informe que esta organización con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo de Europa ha publicado por primera vez, en colaboración con la Fundación Novae Terrae.

El documento, que contiene información detallada por países, indica sobre España que "el debate sobre la financiación de las escuelas no gubernamentales está muy politizado" y define como "práctica eficaz" la cesión de suelo público para la construcción de centros privados-concertados por parte de las comunidades autónomas.

Así, este informe apunta que en España la tasa de escolarización en Primaria es del 98 por ciento y que en centros educativos privados-concertados respecto del total es del 33%, el gasto público en educación es del 9,2%, y en relación al PIB del 4,4%.

Para esta clasificación, OIDL ha tenido en cuenta que España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y el Convenio contra la discriminación en la educación.

El informe apunta que en España existe la posibilidad de crear y gestionar escuelas fuera de la red pública, pero advierte de que no está permitida educación en el hogar, también conocida como 'home-schooling', pues todos los niños de 6 a 16 años tienen que estar escolarizados--. Para los autores del estudio, legalizar esta práctica es un "buen indicador de la confianza del Estado en los padres y en la sociedad civil".

También confirma que se destinan fondos públicos para financiar centros educativos privados, aunque advierte de que varían en función de la comunidad autónoma y no cubren todos los costes de escolarización del alumnado matriculado en este sistema. Destaca, asimismo, que la LOMCE permite la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados.

El documento pone de manifiesto el debate que existe en España sobre la enseñanza concertada por la presencia casi mayoritaria de centros católicos, un debate, que, sin embargo, es "inexistente" en el norte de Europa, a excepción de Suecia. Esta división entre el norte y sur de los países europeos sobre la financiación pública de centros privados también se aprecia, según los autores, en el ámbito de la educación diferenciada por sexo.