La Eurocámara mantiene abierta una petición por presuntas deficiencias en la educación inclusiva en Andalucía

BRUSELAS, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta una petición que denuncia una supuesta vulneración del derecho a la educación inclusiva de menores con necesidades educativas especiales en Andalucía, tras escuchar el testimonio de una madre que alerta de falta de recursos y desigualdades en el acceso al apoyo educativo.

Así lo ha anunciado su presidente, el eurodiputado polaco Bogdan Rzonca (Conservadores y Reformistas Europeos), que ha explicado que será ahora la Comisión Europea la que remita una respuesta por escrito sobre los aspectos planteados, antes de que la Eurocámara determine los próximos pasos en la tramitación del expediente.

La iniciativa, presentada por María Eugenia Palomino en nombre de la asociación MIDE (Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad), denuncia que miles de niños con autismo, discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo acuden a centros públicos sin contar con los apoyos necesarios, como profesionales especializados o asistentes educativos individuales.

Durante su intervención, la peticionaria ha advertido de que la falta de recursos está generando un sistema "injusto", en el que solo las familias que pueden permitirse pagar apoyos externos garantizan la inclusión de sus hijos, y ha reclamado que se investigue el uso de los fondos europeos destinados a educación inclusiva en Andalucía, al considerar que no están llegando a las aulas donde más se necesitan.

LA COMISIÓN RECUERDA LAS COMPETENCIAS NACIONALES

En respuesta, la Comisión Europea ha subrayado que la organización de los sistemas educativos corresponde a los Estados miembro, aunque ha recordado que tanto España como la UE están obligadas a cumplir la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, ha subrayado que la Unión puede apoyar y complementar las políticas nacionales, pero no imponer normas ni revisar decisiones adoptadas por las autoridades nacionales o regionales en materia educativa.

La Comisión ha indicado también que realiza un seguimiento de la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales a través de instrumentos como el Semestre Europeo o el monitor educativo, y ha reconocido que persisten desigualdades, como reflejan las mayores tasas de abandono escolar entre estudiantes con discapacidad.

Además, ha precisado que la petición no aporta pruebas concretas de uso indebido de los fondos, aunque ha señalado que, en caso de disponer de evidencias, estas pueden trasladarse a las autoridades nacionales competentes o a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Asimismo, ha avanzado que en su respuesta por escrito proporcionará información adicional sobre las vías de recurso disponibles para la peticionaria, tanto a nivel nacional --tribunales o Defensor del Pueblo-- como europeo, una vez agotadas las instancias internas.

DIVISIÓN POLÍTICA SOBRE EL CASO

En el turno de los grupos, Pascual de la Parte, en nombre del PP, no ha apoyado la petición, y ha defendido la actuación de la Junta de Andalucía y ha destacado el aumento de la inversión, de los profesionales especializados y de las unidades específicas para alumnado con necesidades educativas especiales.

Por el contrario, la eurodiputada socialista Lina Gálvez ha acusado al Gobierno andaluz de "hurtar la posibilidad" de recibir una educación a los menores con necesidades especiales y ha reclamado que la petición siga abierta. "La educación inclusiva no puede ser un privilegio", ha afirmado, al tiempo que ha pedido explicaciones sobre el uso de los fondos europeos.

Desde Vox, Margarita de la Pisa ha defendido que "tanto la educación especial como la educación inclusiva son necesarias y en muchos casos complementarias", considerando "oportuno" recabar información sobre cómo se han gestionado los recursos europeos destinados a educación y ha apoyado que la petición permanezca abierta.

Por parte de La Izquierda, la eurodiputada Isa Serra ha denunciado una "estrategia" para "deteriorar la pública a favor de la privada concertada" y ha pedido, no solo mantener abierta la petición, sino también recabar información de las autoridades andaluzas y del Gobierno de España.