La Generalitat investiga el posible cobro de cuotas prohibidas a los padres de una escuela de Granollers (Barcelona)

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades está investigando el supuesto cobro de cuotas ilegales a familias del colegio concertado Maria Anna Mogas de Granollers (Barcelona), según informaron hoy a Europa Press fuentes de la Conselleria.

A finales del curso pasado, los servicios de Inspección realizaron un informe sobre las supuestas irregularidades que se habían producido en el cobro de estas cuotas, a raíz de la denuncia que algunos padres presentaron a la Conselleria.

El Departamento que dirige Joan Manuel del Pozo ha convocado una comisión de conciliación para finales de este mes y en la que participarán el titular del centro, la Inspección educativa y los representantes de los padres, con el objetivo de solucionar el problema.

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE DE LAS ESCUELAS CONCERTADAS.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Fundación de Escuelas Cristianas de Catalunya --patronal a la que pertenece el centro denunciado--, Enric Puig, insistió en que la financiación pública que perciben estos centros es "insuficiente", por lo que el cobro de cuotas a las familias, "aunque no es obligatorio, sí es imprescindible para la supervivencia de los centros", manifestó.

Puig aclaró que los centros privados concertados no pueden percibir cuotas a las familias por los enseñamientos gratuitos, que son los correspondientes al currículum oficial --como serían las cinco horas lectivas de Primaria--, pero sí por las actividades complementarias, extraescolares y servicios como el comedor, la medicina escolar o los gabinetes psicopedagógicos, entre otros, siempre y cuando, estas cuotas sean aprobadas por el Consejo Escolar.

Además de estos gastos, los centros no reciben ningún tipo de subvención para el mantenimiento, mejora o ampliación de las instalaciones, ni para sostener a parte del personal administrativo y de servicios, lo que hace que este tipo de escuelas --que escolarizan a casi el 40% del alumnado catalán-- sean deficitarias.

Para sufragar este déficit, muchas de ellas piden cuotas adicionales que los padres pagan voluntariamente a través de entidades y fundaciones, medida que está permitida por el ordenamiento jurídico vigente, explicó.

Asimismo recordó que la insuficiencia de la financiación pública de las escuelas concertadas ha sido reconocida por la misma Administración, tal y como queda recogido en el Pacto Nacional por la Educación, señaló.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Escuelas Libres de Catalunya (FAPEL) --que representa a 140.000 familias de la escuela concertada--, Antoni Arasanz, remarcó que si las aportaciones de los padres no se hicieran "la gran mayoría de las escuelas concertadas tendrían que cerrar sus puertas".

Para Arasanz, esto supondría "un grave perjuicio para la educación del país, para la pluralidad y para la democracia", así como "para la libertad de los derechos de las personas".