Movilización contra los recortes de la Junta a los docentes de la concertada

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) de Andalucía ha anunciado movilizaciones contra los "nuevos" recortes que, a su juicio, impone el gobierno andaluz a los docentes de la enseñanza concertada en 2013, después de que en boletín oficial se hayan determinado conceptos retributivos que, si bien suponen una recuperación respecto al año 2012, no recobran todavía los importes salariales de finales de 2011.

Por ello, la USO compromete "seguir luchando hasta poder recuperar la retribuciones y el poder adquisitivo perdidos, en 2012 a causa del Gobierno central y en 2013 a causa del gobierno autonómico". En un comunicado, la central sindical subraya que este recorte "no se aplica en otras muchas comunidades autónomas", en las que el profesorado sí recupera los niveles de 2011.

Si el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 1 de octubre publicaba medidas que suponían la supresión para el profesorado de los centros públicos andaluces de las denominadas pagas adicionales en las dos pagas extra, de junio y diciembre, el boletín del 25 de enero hace pública una orden que "ni ha sido negociada ni ha pasado por la Mesa de la Enseñanza Concertada".

"Mientras que el profesorado de los centros públicos y concertados de otras comunidades recupera desde enero de 2013 una cantidad que oscila entre los 1.375 y 1.846 euros, según la etapa educativa, en Andalucía el gobierno autonómico no restituye esa cantidad completa, ya que aplica un nuevo recorte de unos 1.128 euros, aunque finalmente en 2013 se produce una recuperación retributiva global respecto a 2012 que va de los 610 a los 718 euros", indica la USO.

Todo lo anterior supone, a juicio de la organización, un nuevo "agravio" para los docentes de los centros públicos y concertados andaluces respecto a otras comunidades autónomas, "mejor gestionadas económicamente, que recuperan el nivel salarial que temían en 2011". Además, agregan, implica una "importante" pérdida de su poder adquisitivo de un 20 por ciento "como mínimo".