La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha expresado su "más enérgico rechazo" al nuevo proyecto normativo para regular los centros de Formación Profesional, ya que, a su juicio, "se trata de una iniciativa más que impondrá mayores exigencias y un endurecimiento de las condiciones para la impartición de estas enseñanzas por parte de los centros privados, sin que la mayoría de dichas exigencias sean exigibles a su vez a centros públicos".
Para ACADE, que ha avisado del "grave perjuicio" que esta medida tendrá para los estudiantes, este proyecto "constituye un nuevo episodio de una política educativa caracterizada por la desconfianza hacia la iniciativa privada y por la adopción de medidas que, lejos de favorecer la mejora del sistema educativo, suponen una limitación de la libertad de enseñanza y empresa, de la capacidad de elección de las familias y de las oportunidades formativas de miles de estudiantes".
"Bajo la pretensión de mejorar la calidad y combatir casos puntuales de malas prácticas, se proyecta una imagen injusta y profundamente perjudicial sobre miles de centros autorizados que desarrollan su actividad con profesionalidad, rigor y estricto cumplimiento de la normativa vigente", critica ACADE, que rechaza frontalmente "la tendencia creciente a identificar la calidad educativa exclusivamente con un mayor intervencionismo administrativo en los centros de iniciativa privada".
En su opinión, la calidad "no se garantiza mediante más burocracia, más restricciones o más obstáculos regulatorios", sino que "se garantiza mediante la exigencia académica, la cualificación del profesorado, la innovación metodológica, la conexión con las empresas y la empleabilidad de los titulados, ámbitos en los que los centros privados vienen realizando una aportación decisiva al desarrollo de la Formación Profesional en España".
La patronal ve "particularmente preocupante" que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes plantee nuevas obligaciones de presencialidad para modalidades formativas que "han permitido ampliar el acceso a la educación a miles de personas que, por razones laborales, familiares o geográficas, difícilmente podrían incorporarse a modelos tradicionales de enseñanza".
Según el contenido del proyecto, la nueva regulación obligará a incorporar porcentajes de formación presencial en los ciclos a distancia y semipresenciales.
Para ACADE, esta medida supone "un evidente retroceso en términos de flexibilidad educativa y adaptación a la realidad social y económica del siglo XXI".
"Miles de estudiantes compaginan actualmente su formación con una actividad laboral, responsabilidades familiares o circunstancias personales que hacen inviable una asistencia presencial frecuente. Son precisamente estos alumnos quienes resultarán más perjudicados por unas medidas que reducirán la accesibilidad de la oferta formativa y limitarán sus posibilidades de mejora profesional", ha señalado la asociación, que considera igualmente "inaceptable" que se "continúe señalando de manera recurrente a la enseñanza privada como objeto prioritario de nuevas regulaciones, controles y restricciones".
La organización cree que, si existen incumplimientos o irregularidades en determinados centros, sean de iniciativa pública o privada, la Administración "dispone ya de mecanismos de inspección, supervisión y sanción para actuar con contundencia sobre quienes vulneren la normativa".
"Lo que resulta inaceptable es que esos casos concretos sirvan como argumento para imponer nuevas limitaciones, solo al sector privado, que cumple con sus obligaciones y que constituye uno de los principales motores del crecimiento de la Formación Profesional en España", apunta.