Rompen el pacto que debía evitar el juicio por el cierre de las academias Brighton al aparecer 1.400 afectados más

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aparición de otros 1.400 afectados por el cierre de las academias de idiomas Brighton en octubre forzó a la Fiscalía y a la acusación particular a romper el pacto --que debía hacerse público hoy-- alcanzado con el dueño de la cadena y los bancos que concedieron créditos a los alumnos para financiar los cursos.

La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona anunciará el próximo martes si devuelve el caso a Instrucción para incluir a todos los perjudicados y las indemnizaciones correspondientes, y ofrecerles la posibilidad de emprender acciones legales y personarse en la causa.

"Vamos a tardar seis años más en reunirlos a todos", señaló el fiscal, para quien "el que no ha comparecido hasta ahora en la causa es por falta de interés o porque no ha querido". Es por ello que sólo solicitó la nulidad del auto de apertura del juicio y no del auto de traspaso, pese a que el fallo radica en que no se le enviaron los 42 tomos en los que constaban los 1.400 afectados, por lo que sólo tenía constancia de 1.000 de los 2.356 perjudicados.

El fiscal se opone a que el caso sea devuelto a Instrucción porque él no modificará sus conclusiones provisionales más allá de lo anunciado hoy, cuando aportó una nueva relación de afectados, con las respectivas denuncias, los contratos con Brighton y, en algunos casos, los contratos crediticios, así como las indemnizaciones que considera adecuadas.

Si el tribunal accede a su petición de incluir a los nuevos perjudicados y de no anular el proceso, el fiscal cree que podría celebrarse el juicio en las mismas fechas en las que ya habían sido citados a declarar, entre otros, el dueño de las academias, Alfredo I.N., y los afectados. Inicialmente, estaba previsto que la vista se prolongara durante siete meses.

El abogado de la acusación particular --que representa a unos 80 afectados--, Alfredo de Rojas, considera que el fiscal se fió de la lista elaborada por el juez instructor, en la que aparecían un millar de perjudicados, sin examinar los tomos anexos a la causa a la que todas las partes tenían acceso, según recordó una de las defensas de las entidades bancarias procesadas.

"No sólo los conocía (los tomos), sino que tuvo acceso a ellos, y que no los mirara y se limitara a la lista del juez instructor no justifica la nulidad del proceso", agregó la letrada, que como sus compañeros --salvo uno-- se opuso a que se amplíe el número de afectados y a la nulidad de la apertura del juicio porque les causaría indefensión.

OCHO AÑOS DE CÁRCEL

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 26 de abril de 1990, Alfredo I.N. constituyó la sociedad Access Language, con domicilio social en la Rambla de Catalunya. El "éxito comercial" que obtuvo al principio le permitió abrir siete centros, bajo el nombre de Brighton, en Barcelona, Badalona, Martorell y Sabadell (Barcelona), en los que se ofrecían cursos de idiomas.

Pero en 2001, el sector se encontraba en plena la crisis y Alfredo I.N. "tenía graves problemas económicos", aunque las academias Brighton siguieron ofreciendo cursos con importantes descuentos, mediante "importantes e impagadas campañas de publicidad".

Las academias cerraron el 29 de octubre de 2002, dejando a 3.783 personas matriculadas en algún curso para el curso 2002-2003, pero los bancos "siguieron cobrando los créditos a los alumnos que los habían suscrito" bajo la amenaza de incluirlos en las listas oficiales de morosos, hasta que el juez instructor suspendió el pago de los préstamos contratados desde el 1 de junio de 2001.

Es por ello que el fiscal solicita ocho años de prisión y 14.400 euros de multa para Alfredo I.N. por un delito de insolvencia punible y otro de estafa continuada de notoria gravedad y múltiples perjudicados, así como que --junto a los bancos, en algunos casos-- devuelva el dinero a los perjudicados.