El Tribunal de Cuentas denuncia la ausencia de inventario de los bienes inmuebles y equipamiento de Educación

   MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal de Cuentas ha advertido de que el catálogo de bienes inmuebles y equipamientos del Ministerio de Educación está desactualizado, e incluso no hay un inventario del mismo, y que las entregas a entidades ajenas no cumplen con la Ley de Transparencia.

   Así lo señala en el informe de fiscalización que, a iniciativa propia, ha realizado sobre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura (GIEEC), el organismo autónomo responsable de la ejecución de infraestructuras y equipamientos educativos (enseñanza secundaria, formación profesional, universitaria y artística) y de la gestión del patrimonio inmobiliario afectado al Ministerio.

   Como el documento analiza el ejercicio correspondiente a 2016, su análisis implica también a las infraestructuras y patrimonio cultural, ya que el departamento que entonces dirigía el 'popular' Íñigo Méndez de Vigo, abarcaba Educación y Cultura.

CON LAS BASES DE DATOS NO ES SUFICIENTE

   El Tribunal de Cuentas señala que, en esta época, la Gerencia no disponía de un inventario o catálogo, completos y actualizado, sobre los bienes inmuebles y derechos reales del Ministerio y que el contenido de sus bases de datos no es suficiente a tal efecto.

   El informe de fiscalización, también pone de manifiesto que la mayor parte de las entregas de los bienes inmuebles, equipamiento, mobiliario y equipos informáticos, a entidades no dependientes del Ministerio y a otras Administraciones Públicas, "se realizó sin formalización alguna y sin proporcionar detalle al destinatario ni a la Intervención General del Estado de los elementos entregados, ni de su valor".

   "La Gerencia no cumple suficientemente con las obligaciones exigidas por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", advierte el organismo que preside María José de la Fuente.

   Por el contrario, el documento, recogido por Europa Press, indica que la GIEEC rindió, en tiempo y forma, sus cuentas correspondientes al año fiscalizado y que su sistema de control interno "es suficiente", aunque tiene "debilidades en algunas áreas". También hay "deficiencias" en el análisis de los estados financieros, según el Tribunal de Cuentas, aunque en líneas generales, el organismo considera que se "reflejan correctamente".

   Por ello, en sus recomendaciones, el órgano fiscalizador llama a elaborar un nuevo estatuto de la Gerencia con un Consejo Rector con presencia de los distintos responsables del Ministerio, que permita mejorar la programación y la toma de decisiones, así como el control, el seguimiento y la coordinación de las actuaciones.

DE 150 MILLONES A 54

   Del mismo modo, propone definir y formalizar el control interno y reforzar su ejercicio, a fin de superar las deficiencias, adecuar el sistema contable de manera que se respete el principio de imagen fiel de las cuentas y documentar debidamente las entregas de los activos a sus destinatarios. En este sentido, señala la necesidad de tramitar una modificación del Plan General de Contabilidad Pública que complete la regulación contable del registro de activos adquiridos o construidos para otras entidades cuando su entrega tenga la naturaleza de transferencia o subvención en especie.

   Finalmente, el Tribunal de Cuentas ha analizado los presupuestos de la Gerencia. En cuanto a los créditos apunta que registran "una significativa disminución desde 2013", pasando de los 150 millones de euros en 2006-2009 a los 54 millones en 2016. Además, denuncia el organismo, "la ejecución del presupuesto de 2016 presentó un porcentaje muy discreto: un 68%".

   El análisis sobre ingresos, por su parte, indica que se recibieron 1,8 millones de euros en transferencias presupuestadas a cargo del Ministerio (33,9 millones de euros), una situación similar que la del ejercicio anterior. Esta situación, dice el equipo de De la Fuente, se debe a la existencia de un exceso de remanente de tesorería del

   organismo, favorecido por el insuficiente grado de ejecución de los créditos; los ingresos recibidos del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) no previstos presupuestariamente; y la conveniencia de gestionar debidamente la tesorería del Estado, ajustando las transferencias a las necesidades efectivas de los organismos

   estatales.