CASTELLON, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil declararon hoy que la Conselleria de Medio Ambiente y la CHJ sabían desde 1992 que la empresa Intal vertía residuos en la Rambla de la Viuda de Almassora (Castellón).
Aunque las diligencias judiciales por un presunto delito contra el medio ambiente que se juzga actualmente en la Audiencia de Castellón se abrieron en 1996, los agentes que declararon hoy en calidad de testigos señalaron que en 1992 presentaron una denuncia por infracción administrativa grave ante la existencia de un vertedero en dicha zona donde se depositaban residuos de Intal.
Según explicaron los agentes, los residuos se veían a simple vista, desprendían olor y estaban metidos en sacos, y añadieron que en dicho vertedero un ecotoxicólogo judicial tomó muestras que se mandaron al Instituto Nacional de Toxicología y la autoridad competente dijo que las diligencias se remitirían a la autoridad judicial.
Así mismo, los testigos señalaron que en 1996 también se abrieron diligencias por el vertido de residuos en Oropesa tras la presentación de dos denuncias, las cuales se comunicaron a un juzgado de Castellón. Según indicaron, en ese mismo año, el Ayuntamiento de Oropesa dijo que las parcelas de uno de los acusados donde se depositaban los residuos no tenía autorización, por lo que se abrió un expediente para clausurar el vertedero.
Además, también se instruyeron diligencias por el hallazgo de residuos de Intal en la localidad de Vila-real, según uno de los agentes.
En la jornada de hoy declaró también un veraneante de Oropesa, el cual afirmó que en septiembre de 1996 presentó una denuncia junto a otro compañero por la existencia de ruidos y residuos tóxicos en los terrenos situados en la partida La Catalana-El Pla, propiedad de un acusado.
La que fuese secretaria accidental del Ayuntamiento de Oropesa entre 1999 y 2004 declaró que el propietario del vertedero de Oropesa no tenía concedida autorización para depositar residuos sólidos urbanos ni industriales, mientras que la secretaria del Ayuntamiento de Almassora aseguró que otro de los acusados propietario de terrenos en dicha localidad solicitó licencia para extraer residuos inertes de su parcela que no le fue concedida.
Por su parte, el que fuese comisario de Aguas de la CHJ, Juan Manuel Aragonés, declaró que a uno de los acusados se le concedió autorización para verter residuos sólo de materiales inertes y bajo la vigilancia de la guardia pluvial. El testigo señaló no recordar si se produjo contaminación en la Rambla de la Viuda.
Otro de los testigos, propietario de un pozo ubicado cerca del vertedero de uno de los acusados en Oropesa presentó una denuncia cuando detectó que el agua empezó a salir negra y olía mal. Así mismo, aseguró que Facsa analizó el agua y le comunicó que estaba contaminada, resultados que pasó a la Policía Autonómica, por lo que el hecho fue denunciado a la Conselleria de Medio Ambiente, la cual también ratificó la contaminación, según dijo.
Dicho testigo también declaró que las descargas de los residuos en dicho vertedero se producían por las noches.
Finalmente, declaró el propietario de unos terrenos ubicados en Xilxes, en los que, sin su autorización, se depositador vertidos tóxicos, de lo que le avisó el Ayuntamiento de dicha localidad y, posteriormente, la Generalitat Valenciana procedió a retirarlos. El juicio continuará mañana con la declaración de nuevos testigos.
En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público solicita, por un delito continuado contra el medio ambiente, cinco años y nueve meses de prisión; una multa de 32 meses con un cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para ejercer sus respectivas profesiones por tres años y seis meses para el ex administrador de Intal, C.B.A., así como para los otros acusados, J.A.P.T. y T.M.C., socios de la empresa Cotravi, encargada de transportar los residuos, y M.B.C. y J.R.M., propietarios o gestores de algunos de los terrenos donde se depositaron dichas sustancias.
Además, el fiscal pide para los acusados, por otro delito continuado contra el medio ambiente, el arresto de 24 fines de semana y una multa de 22 meses, con una cuota diaria de 10 euros. Por otra parte, demanda, por un delito continuado de daños, la pena de dos años y tres meses de prisión y una multa de 20 meses, con una cuota diaria de 10 euros para todos los acusados.
Por su parte, la Generalitat valenciana, en calidad de acusación particular, demanda seis años y nueve meses de prisión para los acusados, por un delito continuado contra el medio ambiente, así como tres años más por un delito de daños. Las defensas de los acusados solicitan su libre absolución.
