Agua.- Autor del PHN asegura que eliminar el Tajo-Segura es una medida "agresiva y violenta" con las comunidades vecinas

Actualizado: martes, 9 febrero 2010 20:13

VALENCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto Euromediterráneo del Agua en Murcia y autor del Plan Hidrológico Nacional (PHN), Francisco Cabezas, consideró hoy que eliminar el trasvase Tajo-Segura es "una medida de extraordinaria agresividad", así como una propuesta "violenta contra las comunidades vecinas", según informaron en un comunicado conjunto de la Fundación Agua y Progreso y la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

Cabezas, quien intervino hoy en Jornadas 'Agua y Constitución' organizadas por la Cátedra Fosama de Aguas y Energías Renovables del Instituto CEU de Disciplinas y Estudios Ambientales de la Cardenal Herrera (IDEA), se pronunció en estos términos en relación al Estatuto de Castilla la Mancha y a la posibilidad de que se incluya una reserva hídrica.

En este sentido, el director general del Instituto Euromediterráneo del Agua afirmó que Castilla la Mancha tiene una "sensación de agravio, pero la eliminación del Tajo-Segura no va a solucionar los problemas de esta comunidad", sentenció. Asimismo, consideró que creación de esta reserva es "inviable por cuestiones jurídicas y porque choca con el ordenamiento de la ley de aguas".

Para Cabezas, es "necesaria la restauración de la autoridad del Estado en materia del agua". Así, señaló que "el trasvase del Ebro fue la última vez que el Gobierno pudo decidir sobre el agua de este país".

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Cardenal Herrera Manuel Martínez Sospedra aseveró que la caducidad del trasvase Tajo-Segura que propone el Estatuto de Castilla-La Mancha "es de una inconstitucionalidad esférica, porque es inconstitucional se mire desde el punto de vista que se mire", reiteró.

En su opinión, el precepto de la caducidad representa "el retorno a la revolución cantonal", puesto que pretende actuar sobre recursos de cuencas intercomunitarias, "privando de capacidad al legislador estatal y diciéndole como debe actuar en un determinado supuesto".

Por otra parte, el director de la Fundación Agua y Progreso de la Comunitat Valenciana, José Alberto Comos, destacó que la supresión del Tajo-Segura supondría "un agravio y un ataque frontal contra los intereses de la Comunitat Valenciana". De este modo, hizo hincapié en "las consecuencias económicas que esta decisión acarrearía, debido a la conculcación de unos derechos históricamente adquiridos por los usuarios del acueducto".

En este sentido, señaló que la propuesta estatutaria es una ley "materialmente expropiatoria, porque no prevé ningún mecanismo de compensación, por lo que los afectados podrían reclamar las debidas compensaciones al Estado por la vía contencioso-administrativa". Al respecto, mencionó que un informe de la Universidad de Alicante cifra la potencial responsabilidad patrimonial del Estado "ante la hipotética derogación del Tajo-Segura en más de 20.000 millones de euros".

Por su parte, la concejala de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua, María Àngels Ramón-Llin resaltó la "necesidad" de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "clarifique su política hídrica en España, ya que su falta de decisión y planificación está enfrentando innecesariamente a las comunidades autónomas".

SITUACIÓN HÍDRICA "CAÓTICA"

En este sentido, aseveró que la situación actual de la política hídrica en España es "caótica", y "ha hecho necesaria que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia exijan al Ejecutivo central que se pronuncie oficialmente sobre el trasvase Tajo-Segura y, por otro lado, que se reconozca el derecho que tienen estas administraciones a rentabilizar socialmente el uso del agua".

Para Ramón-Llin, "se están poniendo en tela de juicio cuestiones tan elementales como que el agua es un bien común, y esto, unido al empeño de algunas comunidades autónomas en apoderarse aguas que discurren por su territorio, no hace más que acrecentar la situación de insolidaridad hídrica que estamos viviendo en estos momentos".

Por ello, la concejala reivindicó el derecho que tienen las autonomías a percibir el agua, especialmente en la Comunitat Valenciana, "donde la tradición hídrica ha enseñado a ser eficientes y ahorradores".