Agua.- El gobierno valenciano insiste en que Ejecutivo central debe ejercer la "autoridad hídrica nacional"

VALENCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general del Agua, José María Benlliure, ha asegurado este martes que tras la propuesta realizada por el gobierno socialista de Castilla La Mancha en la futura Ley del Agua de reservar 4.000 hectómetros para esta autonomía, el Gobierno central debería "dejar de dar pinceladas y ejercer una autoridad hídrica nacional que vele por el interés de todos los españoles, capaz de distribuir el agua de donde sobra a donde falta, con el criterio básico de no afectar a las posibilidades actuales o futuras de las cuencas cedentes".

En su opinión, el Gobierno central "debería evitar que las autonomías bloqueen una política de agua con sentido de Estado en la que se adopten soluciones viables desde el punto de vista ambiental y financiero". Benllilure ha realizado estas declaraciones tras asistir al Comité Ejecutivo y al Consejo de Administración de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y encargado de proporcionar el agua a los municipios de las comarcas de l'Alacantí, la Vega Baja y el Bajo Segura, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Las soluciones a los problemas hidráulicos en España no tienen que partir de una comunidad autónoma, la propuesta que se realiza por parte del gobierno de Castilla La Mancha es una propuesta que carece de sentido y rigor técnico", ha destacado Benlliure.

Según el director general del Agua, "esta propuesta no aporta nada y lo único que hace es poner de manifiesto la necesidad de que se ejerza una autoridad que sea capaz de resolver los problemas de las comunidades autónomas a través de un Plan Hidrológico Nacional y de una autoridad nacional que, con criterio solidario, proponga soluciones concretas a los problemas de falta de agua en los distintos territorios de España".

En su opinión, "la autoridad hídrica evitaría que las autonomías se arroguen competencias que no les corresponden, intentando bloquear los trasvases cuando se ha demostrado que son viables y la mejor solución para todos".

Para el director general, "se está demostrando que, una vez más, el Gobierno de Zapatero es incapaz de solucionar un problema que afecta a la gran mayoría de los españoles ya que está propiciando el enfrentamiento entre las 17 comunidades autónomas".

"Es inadmisible que desde el Gobierno central se permitan situaciones como las que ha creado el gobierno socialista de Castilla La Mancha, pretendiendo una reserva de agua cuya cifra es, además, totalmente irreal que carece de sentido de estado, perjudica a otros territorios sin beneficiar a nadie".

Respecto al contenido de la reunión de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, según el director general, "en un año hidrológico tan favorable como el que hemos tenido, el abastecimiento de estas comarcas debe provenir fundamentalmente de las aguas superficiales y no de la desalación".

Actualmente, la Mancomunidad nutre a estos municipios desde el río Taibilla, del trasvase Tajo-Segura y de la desalinización, pero para Benlliure, "hoy por hoy debemos intentar limitar el agua procedente de la desalanización que tiene un coste muy superior. Así, lo que debe hacerse es utilizar la desalinización únicamente como garantía para otros años de mayor escasez".

"De esta manera, utilizando únicamente las aguas superficiales en buenos años hidrológicos se podrá afrontar desde el punto de vista financiero las etapas de sequía que pueden llegar en el futuro", ha destacado Benlliure.

En este sentido, el director general ha destacado que, antes de pretender construir una desalinizadora en el futuro, "se debería contemplar como prioritario la aportación de recursos superficiales mucho más eficientes desde el punto de vista energético y por lo tanto mucho más baratos". "Está comprobado que el agua desalada tiene unos costes tres veces más altos que el agua del Trasvase Tajo-Segura", ha subrayado.

En el transcurso de la reunión el director general ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la Mancomunidad, dirigida por el Gobierno central, "revise los compromisos adquiridos para consumir una determinada cantidad de agua desalada, puesto que estos compromisos pueden afectar al funcionamiento financiero de la Mancomunidad y a la subida de las tarifas".