ARCA pedirá a la Fiscalía amparo para la empresa Erri-Berri en la demolición de una urbanización en Cantabria

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ecologista ARCA presentará un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para que "se investiguen las repetidas denuncias públicas" de la empresa Erri-Berri, encargada de acometer la demolición de la urbanización 'El Encinar' en la playa de La Arena (Arnuero) sobre las que pesa una sentencia firme de derribo. Mediante el escrito, ARCA pide que se "garantice toda la protección y el amparo de la Justicia y medidas de seguridad para que lleve adelante ese derribo".

Según explicó el vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, la empresa debería haber comenzado ya la demolición de estas viviendas y, sin embargo, no lo ha hecho por las presuntas amenazas proferidas por los vecinos de la urbanización.

En este sentido, Herrera criticó que desde "la clase política, las administraciones o el mundo judicial" no haya habido "una voz que se haya enfrentado a semejante actitud". "El Ayuntamiento tenía que haber dado la primera voz, pero tenía que haber habido muchas más", precisó, al tiempo que recordó que lo que hará la empresa navarra es "ejecutar una sentencia firme del Tribunal Supremo" y que "lo lógico es que alguien con autoridad la proteja, no dejándola en manos y en los improperios de quienes tratan de amedrentarla".

Estas actitudes, son "totalmente condenables", desde el punto de vista de Herrera, como también lo es "inventarse montajes contra directivos de ARCA", dijo, refiriéndose a la apertura de un contencioso-administrativo por parte de "afectados por sentencias de demolición", que relaciona al presidente de la Asociación, Gonzalo Canales, con un presunto delito urbanístico.

Herrera consideró que la apertura del contencioso constituye "un movimiento táctico para implicar al presidente de ARCA en un falso delito urbanístico" y "generar titulares de prensa", con el objetivo de "menoscabar la credibilidad" de la Asociación precisamente en este momento "clave" en el que "las sentencias de derribo se van a ejecutar".

'LEY DE PUNTO FINAL'

Por otro lado, el vicepresidente de ARCA aseguró que respeta la iniciativa de los afectados de presentar en el Parlamento de Cantabria una petición para la elaboración de una ley 'de punto final', por la que no se lleven a cabo las sentencias de demolición de sus casa, aunque consideró que, dado que "no es asumible" el Parlamento debería haber sido "más contundente".

Así, manifestó que "sería bueno que se quitara de la mesa política el asunto de la ley de punto final", archivando dicha propuesta, que de salir adelante constituiría un hecho "gravísimo".

Al respecto, Herrera recordó que dicha petición lleva en el parlamento "dos meses" y en este tiempo ni se ha archivado, ni se ha remitido a los partidos políticos, lo que le hace pensar que se haya presentado "a algún órgano del Gobierno regional".

Con todo, el ecologista se mostró convencido de que la petición "no saldrá adelante" y aseguró que el derribo de las viviendas sentenciadas será "de plena satisfacción para el conjunto de la sociedad de Cantabria, que necesita resarcirse de los daños que la especulación urbanística ha producido en el litoral de la región".