MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy la reforma de la Ley de Montes de 2003, que prohíbe recalificar suelos quemados durante al menos 30 años. La Ley contempla también, entre otras cosas, la creación de la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente, y la creación del Fondo para el patrimonio natural destinado a la financiación de la gestión sostenible de los montes.
La diputada del PSOE María Luisa Carcedo señaló que es "una materia transcendental para la vida biológica" y versa sobre una competición por el suelo entre el urbanismo y el monte. "La Ley pretende ser un instrumento más para convertir la gestión de los bosques en sostenible y permita la supervivencia de los valores naturales más importantes con el desarrollo económico y social", destacó.
Los objetivos de la ley son, según la diputada socialista, profundizar en la coordinación con las comunidades autónomas, al tener éstas la competencia en la gestión de los montes; aumentar la protección con los montes protectores, sean de la titularidad que sean; e incorporar enérgicas medidas contra los riesgos de los montes como la ocupación masiva de urbanizaciones no ordenadas y la lucha contra los incendios forestales, explicó Carcedo. Estas medidas son impedir la recalificación de un suelo quemado durante al menos 30 años, reforzar de la autoridad de los agentes forestales, y que los delitos contra el medio ambiente sean penales.
La diputada del PP María Teresa de Lara recordó los incendios de Sevilla y Huelva de 2004 y el anuncio posterior de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de aprobar mediante Ley la prohibición de cambiar el uso de suelo quemado durante 30 años, a la que se opone el PP. La diputada argumentó que se oponen a esta medida porque ya estaba en la Ley de Montes, y "son las comunidades autónomas las competentes para establecer este plazo". Los incendios por cambio de uso de suelo son sólo el 0,001 por ciento, según el PP. De Lara denunció que en el proyecto de Ley haya un abandono de funciones de la Administración y "el cúmulo de despropósitos de la nueva clasificación de montes".
Josep María Guinart, de CiU, criticó que esta ley no mejora la anterior y deseó que no se convierta en una Ley que se cambia según el Gobierno, como en educación. Por parte de ERC, Rosa Bonás destacó que en materia de competencias se alivian los litigios y se impulsa la coordinación entre administraciones, y que se ha reconocido a los agentes forestales como policía judicial.
El diputado de Izquierda Verde Joan Herrera criticó que se han suprimido enmiendas en el Senado, con los votos del PP, de calado medioambiental como la de la figura de monte protector, la prohibición de cambio de uso de suelo quemado durante 30 años o la reducción del número de infracciones. Y anunció su voto en contra de todas ellas.
En el proyecto de Ley de Montes se contemplan, entre otras cosas, la creación de la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente, la creación del Fondo para el patrimonio natural destinado a la financiación de la gestión sostenible de los montes y la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 30 años después de producirse un incendio forestal.
Según se explica en el proyecto aprobado, los incendios forestales tienen como causa, en una pequeña parte de casos, los fenómenos naturales y, desgraciadamente, en una inmensa mayoría de supuestos, acciones humanas, ya sean negligentes o dolosas. En este sentido, en un país avanzado como España no puede permitirse una actitud de tolerancia hacia ningún delito ecológico ni, en particular, hacia los incendios forestales, que conllevan gravísimas consecuencias sociales y económicas, incluyendo la pérdida de vidas humanas.
30 AÑOS
Con esta prohibición de 30 años desaparece la posibilidad del cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizable, ya que en muchas ocasiones se ha tratado de justificar en la pérdida de valor de dichos terrenos, al carecer de vegetación arbórea como consecuencia del desastre ecológico ocasionado por el incendio.
Además, se ha introducido un artículo en el que otorgan la condición de agente de la autoridad a los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal. Estos funcionarios estarán facultados para hacer inspecciones, practicar diligencias de investigación y prueba, así como tomar muestras, sacar fotos y realizar planos.
En el texto también se reconoce la certificación forestal como un instrumento para la gestión forestal sostenible y se establece el compromiso de las administraciones públicas de promover el consumo responsable de los productos forestales en los procedimientos de contratación pública. Se trata de favorecer la adquisición de madera, y productos derivados, procedentes de bosques certificados y de evitar los procedentes de talas ilegales de terceros países.
