El Congreso aprueba el proyecto de Ley de acceso a la información medioambiental, con multas de hasta 6.000 euros

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó hoy, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que establece multas coercitivas de un máximo de 6.000 euros por día en el ámbito de la Administración General del Estado. Posteriormente, las comunidades autónomas podrán establecer sus cuantías cuando la vulneración de los derechos de esta normativa sea en su ámbito. El texto será remitido ahora al Senado para seguir con su tramitación.

Las sanciones pueden fijarse por acciones en contra de los derechos de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas y otros sujetos que la posean en su nombre, participar en los procesos para la toma de decisiones sobre cuestiones que incidan en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación corresponda a los poderes públicas e instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las administraciones públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental.

Así, el texto, aprobado por 38 votos a favor y una abstención, establece que el público que considere que un acto u omisión ha lesionado los derechos de esta normativa podrá interponer una reclamación ante la Administración bajo cuya autoridad ejerce su actividad. Ésta dictará y notificará la resolución correspondiente, agotando la vía administrativa, y, si el requerimiento es desatendido, podrá acordar la imposición de multas coercitivas por el importe que determine la normativa autonómica.

Además, este proyecto --que incorpora a la legislación española el Convenio de Aarhus y la transposición de dos directivas europeas--regula la acción popular a favor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas sin ánimo de lucro que defiendan el medio ambiente. Para ello, deberán poseer entre sus fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente, contar con una antigüedad legal de al menos dos años y desarrollar su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa.

EXCEPCIONES DE DAR INFORMACIÓN

Como obligaciones de las administraciones públicas, contempla la de proporcionar información con la mayor celeridad posible y, en todo caso, en unos plazos máximos de un mes, con carácter general, y de dos meses en el caso de que el asunto sea de gran complejidad, además de apostar por las nuevas tecnologías y la obligación de difusión de información ambiental en casos de amenaza para la salud o el medio ambiente. No obstante, los poderes públicos podrán denegar el acceso a la información cuando no obre en su poder y la solicitud sea irrazonable, excesivamente general, sobre material en curso o comunicaciones internas.

También hay excepciones para la obligación de facilitar información medioambiental si su revelación pueda afectar negativamente a la confidencialidad de procedimientos o datos comerciales o industriales, las relaciones internacionales, defensa nacional o seguridad pública, a asuntos en tramitación judicial, derechos de propiedad intelectual e intereses o protección de un tercero, entre otras.

La mayoría de los grupos parlamentarios celebraron la aprobación de este proyecto de ley por transponer "adecuadamente" la normativa comunitaria, así como la disposición de todos y, especialmente del Grupo Socialista, a negociar y llegar a acuerdos. Además de las enmiendas incluidas durante el trámite de Ponencia entre las 187 presentadas, se aprobaron 46 transaccionadas con todos los grupos parlamentarios, mayoritariamente para concretar más los instrumentos, medios, órganos y plazos para el acceso a la información.

El PP lamentó que el texto establezca la emisión de información medioambiental por parte de la Administración como "cuestión graciable" y no como derecho de los ciudadanos, en contra del PSOE que aseguró que se regula "perfectamente" y de forma "muy clara" un derecho "amplio" por dos vertientes: contestar a peticiones de los ciudadanos y como obligación de oficio. IU-ICV criticó no incluir a los campos de golf a pesar de ser un "factor determinante del deterioro medioambiental", a lo que los socialistas contestaron que corresponde arreglar esa cuestión con las comunidades autónomas.